Potosí, 17 de marzo (Urgente.bo).- Un grupo de seis personas explota de manera ilegal plata en la región de Machacamarca en Potosí, enfrentándose a la empresa minera Alcira, que es titular la concesión para exploración y explotación minera, y a costa de las autoridades departamentales que no resuelven este conflicto que amenaza con dividir más a la región tradicionalmente minera y comprometen una millonaria inversión en la región.
El punto de conflicto se encuentra en una quebrada alta en Machacamarca, municipio potosino de Tacobamba , una región que fue pródiga en plata desde los tiempos coloniales. A pesar de que los siglos han pasado, esta es una región que tiene el potencial para convertirse en el primer proyecto de explotación de plata a gran escala del presente siglo en Bolivia. Ese punto es el ojo de lo que de un programa de explotación a cielo abierto bajo el nombre de Silver Sands (Arenas de plata), en el marco de un contrato administrativo que la empresa suscribió con el Estadfo Pluirinacional.
Sin embargo, el avance del proyecto ha sido frenado por un grupo de seis personas que son parte de la comunidad. Ellas habían logrado un acuerdo con la Minera Alcira para explotar de manera artesanal, pero siempre en coordinación con la empresa que tiene la autorización del Estado. Lo que ha cambiado en los últimos meses es que rompieron relaciones con la titular de la concesión, explotan por su propia cuenta, monetizan los ingresos, no informan de dichos movimientos y trabajan con el criterio de que los contratos obtenidos antes tienen plazo final: junio de 2025.
Con diferentes argumentos, entre ellos que es una zona con potencial turístico, que la consulta previa tiene observaciones, que el futuro económico de la comunidad está en riesgo, el grupo de las seis personas ha profundizado las divisiones en la población, mientras sus operaciones de explotación artesanal de plata continúan incluso en fin de semana, como ha podido observar Urgente.bo.
“No sé quiénes son mis jefes, acá yo estoy trabajando desde hace unos dos meses (…) somos un grupo de cuatro personas por turno”, dice un trabajador minero, mientras los otros se esconden de la comitiva de prensa que llegó hasta el lugar.
Los seis operadores individuales son miembros de la comunidad con la que la empresa minera Alcira estaba socializando el proyecto. Pero esta fase del proyecto fue paralizada porque aquellas personas frenan la actividad de los empleados de la compañía. Optaron por romper con la empresa y explotan plata, a pesar de que no tienen autorización del Estado para hacerlo y aun así obtienen el Formulario 101 de la Secretaría Departamental de Minería para el registro de la explotación y posterior monetización de la plata de buena ley (como uno de los líderes acepta), junto al pago de obligaciones.
“No son 12 volquetas por día, a veces son cuatro, pero de qué vamos a vivir nosotros, además tenemos el contrato con la empresa”, agrega el líder del grupo Jesús Ninachi Alejo.
Ninachi insiste en que el proyecto Silver Sand no considera el futuro de la comunidad, asegura que la población respalda a las seis personas y afirma que están en proceso la conformación de una cooperativa.
“Son seis contratos que existen. Seis personas. Al margen se ha conformado la cooperativa”, dice al grupo de periodistas.
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Jesús Ninachi es uno de los seis operadores denunciados por la empresa Alcira
Sin embargo, el secretario departamental de Minería de Potosi, Michael Anze, evita llamarlos cooperativistas, los califica de operadores.
“Son seis operadores mineros, no sabemos si son cooperativistas o no. No sé si se ha formalizado”, dijo Anze al periódico digital Urgente.bo.
Minería ilegal
Grover Yelma es el presidente de la Comisión de Minería e Industrialización de la Asamblea Legislativa Departamental. Con cifras elocuentes sostiene que Potosí está pasando por un buen momento económico gracias al incremento año tras año de las regalías, cuya proporción mayúscula es pagada por las empresas mineras medianas. Y afirma que la empresa Alcira es titular de la concesión que se encuentra en Machacamarca.
“Tenemos un proyecto interesante, Silver Samd, de la minera Alcira. Hasta el momento ha invertido 45 miullones de dólares en prospección y exploración. En este momento están en proceso de socialización. Este proyecto es importante para el departamento y el país”, dijo Yelma.
En ese contexto, el legislador dice que las tareas de explotación por parte de las seis personas son ilegales, porque hay un contrato con la empresa propietaria de Minera Alcira y que el conflicto debe ser encarado por las autoridades del Ejecutivo, tanto del departamento como las nacionales. “Una vez que terminó el proyecto de prospección, empezaron a organizarse en cooperativas. Empezaron a trabajar de manera ilegal, porque esas áreas ya están reservadas por la empresa. Están obstruyendo el trabajo que tienen que hacer como empresa. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque es el que hace los contratos”, explicó.
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Grover Yelma es asambleista departamental y preside la Comisión de Minería e Industrialización
NPM Minerales es una empresa canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores y que opera en Bolivia desde el 2017 y tiene la titularidad del proyecto Silver Sand. Se trata del proyecto de exploración y explotación de plata más grande en Bolivia con el actual Código Minero, con el objetivo de desarrollar una inversión de 358 millones de dólares.
Hasta la fecha, la empresa realizó una inversión de más de 45 millones de dólares en el mencionado proyecto en la fase de exploración, con una proyección de inversión de 358 millones de dólares en la de construcción. Sin embargo, la ocupación ilegal pone en riesgo la implementación del proyecto que tiene la potencia de generar aproximadamente 17 millones de dólares por concepto de regalías y 43 millones de dólares en pago de impuestos.
De hecho, el contrato suscrito con la empresa Alcira es el único documento que muestran las personas para demostrar que cuentan con respaldo para explotar la plata en Machacamarca. Uno de ellos expresa su molestia porque la empresa los ha tildado de avasalladores. “Lamentablemente, estos señores han quebrado estos contratos, nos echaron del área y han amedrentado a nuestro personal con el uso de dinamita, han llegado a amenazar a los comunarios del área”, dice Hianny Romero, gerente general de la compañía
“No somos avasalladores, nosotros somos de la comunidad”, alega Jesús Ninachi y luego explica que tienen una cooperativa para explotar minería en la zona, pero dubita cuando se le pregunta por más datos. Una fuente de la gobernación de Potosí dice a Urgente.bo que no pueden alegar que son cooperativistas porque no cuenta con una cuadrícula adjudicada por el Estado.
El Secretario Departamental de Minería de Potosí, Michael Anze, tiene una posición más cercana al grupo de las seis personas. El cooperativista sostiene que este es un conflicto interno, entre la minera Alcira y con quienes tienen su autorización para explotar en la zona.
Anze admite que las personas que explotan en Machacamarca lo hacen bajo un contrato con la empresa Alcira, además asegura que esta compañía no le ha entregado información documental del proyecto millonario. “La empresa minera tiene la concesión, pero no podemos decir que están actuando de manera legal o ilegal (los seis operadores individuales”, precisa el funcionario.
Las personas que lideran la explotación en Machacamarca admiten que el problema ha dividido a la población, que están enfrentados y precisamente por eso dicen que el asunto será encarado por la vía del diálogo o la justicia, un camino por el que transita la empresa Alcira.
“Se requiere la socialización del proyecto. La empresa se pone torpe nosotros también nos vamos a poner torpes”, advierte Demetrio Ninachi, otro de los operadores. Mientras otro de los operadores admiten que la población está divivida por este asunto.
En ese contexto, este lunes, la Federación de Empresarios Privados de Potosí demando seguridad jurídica para la empresa Minera Alcira.
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