La Paz, 16 de marzo (Urgente,bo).- El abogado Iván Lima Magne fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y en el gobierno de Luis Arce ocupó el cargo de Ministro de Justicia hasta septiembre de 2024. Quienes conocen de lo que ocurre en los pasillos del poder dicen que fue uno de los más importantes de la administración de Arce. Hoy está distanciado del ejercicio de la política y del Gobierno. En ese contexto, accede a una entrevista con Urgente.bo para hacer una evauación del sistema judiicial y del estado de los derechos humanos en el país. 

Nuevamente desde el sillón de abogado penalista, Lima hace un ejercicio de análisis del estado del sistema judicial. Admite que la justicia constitucional está desprestigiada, afirma que el sistema judicial boliviana es tan malo como el de Venezuela y plantea la necesidad de una reforma constitucional para remediar eso de que “la justicia se vende y se compra”.

Considerando las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales, ¿cómo se encuentra el estado de los derechos humanos en Bolivia?

Bolivia es el país con mayor catalogo de derechos, porque el articulo 256 de la Constitución, establece que los derechos establecidos en Convenios sobre derechos humanos se aplican de manera preferente.  Como estos Convenios son interpretados y ajustados “evolucionan” por la vía de Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana y los Comités que conforman el sistema universal de derechos humanos, contamos con la normativa suficiente.  El problema que tenemos es para lograr su cumplimiento por parte del Estado, el garante de que se cumplan con los derechos es el Gobierno y cuando se incumplen los derechos debe actuar la justicia. En nuestro país la justicia constitucional esta desprestigiada por los problemas que se generó por la elección judicial. El relator de Independencia Judicial, Garcia Sayan, la CIDH y todos los organismos del sistema universal reclaman la falta de independencia e institucionalidad en la justicia boliviana. Los avances logrados no son suficientes, un derecho que solo existe en el papel y no puede ser ejercido es un derecho que no existe.

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⁠Es posible hacer una comparación a Bolivia con lo que ocurre en otros países de la región. ¿En qué derechos tenemos mayor avance? Y ¿en qué otros tenemos rezago?

Bolivia tiene un avance significativo en cuanto al pluralismo jurídico y los derechos de participación política de todos los bolivianos. La Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial tienen participación de mujeres y sectores indígenas que no se dan en otros países. El derecho político de primera generación que es la democracia y el debido proceso han sufrido un grave retroceso. La reforma judicial iniciada el año 1992 con los acuerdos de los dos tercios y la reforma penal que busco un sistema acusatorio, han sufrido un grave retroceso. Pasamos de 6.000 privados de libertad a 30.000 privados de libertad, con casi 70% de detenidos preventivos. Las cifras comparativas se dan cada 100.000 habitantes, de esta forma puedes comparar países como Uruguay y Brasil. El mejor sistema judicial lo tienen Costa Rica y Uruguay y el peor sistema Venezuela y Bolivia, las causa son múltiples pero todos los estudios coinciden en tres factores independencia judicial, ingreso al sistema judicial vía escuela judicial y salida vía evaluación de desempeño de los jueces. En los tres temas tenemos serios problemas, la independencia  no se garantiza con la elección de voto popular somos los únicos en el mundo que lo aplicamos ahora.  Si bien avanzamos en la Escuela Judicial a la cabeza de Lucio Valda, no hemos logrado avanzar nada en la evaluación de desempeño.  En resumen la vigencia de los derechos humanos es un factor importante, que depende de la garantía a la tutela judicial efectiva, un Órgano Judicial que le de vida a la Constitución y las leyes, es lo que nos falta.

⁠Desde su punto de vista ¿cuáles son los derechos más afectados en Bolivia? Y,  ¿qué instituciones del Estado son las que los afectan más?

Hay muchos derechos que se han medido en el ultimo censo, tenemos graves deficiencias en el derecho a la salud, la educación de calidad, el sistema de jubilación que solo es digno para los militares.  Sin embargo hay consenso que el derecho que no llega es el juicio justo, que va mas allá del debido proceso.  La demora judicial, la carencia de acceso a la justicia y la violencia contra los mas vulnerables es sin duda el problema principal. La justicia se compra y vende, por eso las instituciones que participan en la administración de justicia son las mas afectadas Policía, Fiscalía y Órgano Judicial incluyendo el Tribunal Constitucional Plurinacional.

⁠¿Qué acciones del Estado son necesarias con carácter de urgencia para que los bolivianos puedan acceder de mejor manera a los derechos humanos más importantes?

Una reforma judicial seria que se inicia con una reforma constitucional, la única vía para cambiar la situación es con un ajuste a la elección de jueces por voto electivo.  Los derechos tendrán tiempos de maduración que se consolidaran con Magistrados y Jueces que garanticen el cumplimiento de la Constitución.

⁠¿Por qué en un proceso de reformas políticas y sociales como los que se han implementado desde el 2006, los derechos políticos de los bolivianos han sido los más violentados?

Entiendo que se refiere al articulo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El tema fue la re elección del Presidente Evo Morales, es decir que no fue la Sentencia Constitucional 84/2017, la opinión consultiva de la Corte Interamericana o las ultimas sentencias como la 1010/2023 y sus modulaciones por el Tribunal Constitucional.  Existen decisiones políticas que afectaron el derecho de elegir y ser elegido que es el principal derecho políticos. Es difícil sostener que esa afectación a los derechos sea mayor o menor a la afectación a la vida con los feminicidios o la grave contaminación con mercurio en la amazonia.

⁠Usted ha sido ministro de Justicia, ¿usted considera que en Bolivia hay judicialización de la política? ¿por qué los opositores o críticos al gobierno son sometidos a la justicia?

Existe una categoría que algunos activistas y políticos sostienen que es la de perseguido o preso político. Sin embargo no existe tal categoría, las personas que declaran ser perseguido políticos están acusados penalmente por graves afectaciones a los derechos humanos que se encuentran señalado en el Informe de la GIEI de la CIDH y se refieren entre otros temas a masacres sangrientas y otras graves afectaciones a los derechos humanos.  Hay muchas personas que dependiendo de la lista fueron condenadas por corrupción como Arturo Murillo y otros ex Ministros de la gestión de Añez. Contrariamente a la exclusión de candidatos como Evo Morales o Diego Pary el 2020, en las elecciones que se dieron en el Gobierno de Luis Arce fueron candidato  Añez, Camacho, Pumari, Manfred Reyes y otro candidatos opositores. Hay que recordar que el Acalde Ivan Arias, fue Ministro de Añez.  La realidad es que el Ministerio Publico es el Titular de la acción penal y en 4 años cuando estuve como Ministro de Justicia, el Fiscal General Lanchipa y la justicia venían de designaciones por dos tercios del Gobierno de Evo Morales.  Un factor nuevo que se ha intensificado en los últimos años es la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional, en temas de coyuntura política. Sin duda este rol se da en todos los países del mundo y es necesaria. En la medida que la justicia boliviana logre independencia absoluta de los otros órganos del estado mejorara radicalmente la democracia.

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⁠El proceso de cambio ha significado el acceso, si se puede decir, a un mayor número de derechos humanos a favor de los pueblos indígenas, sin embargo, ¿qué actores de Bolivia son los que aún atentan con los mismos y en qué casos significativos?

El derecho mas afectado en este tiempo es el derecho a la consulta previa, informada y de buena fe en temas que afectan los derechos de los pueblos indígenas. En obras publicas por ejemplo la carretera por el Tipnis, la explotación de recursos naturales en Tariquia o el tema del Litio. También en la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

⁠Las autoridades bolivianas coinciden en que mujeres y niños son víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, entre ellos el respeto a su integridad y a la vida misma, pero el Estado no adopta nuevas medidas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres no activa la alerta roja. ¿Por qué ocurre esto?

Entiendo que se refiere a la Reforma de la Ley 348, debo reconocer el rol de las mujeres del MAS en este tema desde que inicio con Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra y Susana Rivero.  En mi gestión Cecilia Urquieta y Nadia Cruz, buscaron mejorar la Ley 348 y se acordó con las hermanas Bartolinas un proyecto de reforma que no fue tratado aun por la Asamblea Legislativa.  El sistema de alertas institucional y todos los mecanismos de la Ley 348, son resultado del Gabinete de la Mujer que no fue convocado ni una sola vez por el Presidente Arce.  Las reformas normativas en favor de niñas y mujeres en relación a la violencia sexual y otras afectaciones siguen a la espera de su tratamiento por la Asamblea Legislativa.

⁠Finalmente, ¿cómo valora el cumplimiento de las recomendaciones del IDH por parte de Bolivia y qué lecciones son las que el Estado debe rescatar para lograr un avance cualitativo en función de estas recomendaciones?

Este fue un tema que se trabajo en forma coordinada con el canciller Rogelio Mayta, con buenos resultados en el funcionamiento del GIEI y luego la instalación de la mesa de trabajo MESEG.  Lamentablemente con la salida de Rogelio al Tribunal Andino de Justicia, la nueva Canciller Celinda Sosa, no le dio el mismo impulso.  Si bien la CIDH ha realizado informes y se ha trabajado mucho en la restauración de derechos a las victimas, el cumplimiento de las observación 11 referida al delito de terrorismo no esta siendo cumplido y mas bien se sigue procesando la protesta social.

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