5 de abril (Urgente.bo).- Mediante un comunicado, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) asegura que el predio de Santagro no podría considerarse como tierra fiscal "mientras existan vías legales para impugnar la resolución del INRA" que establece que las tierras son parte de la reserva forestal de Guarayos. 

"El predio que hoy se encuentra asediado por un grupo de avasalladores fue adquirido por los propietarios, mediante contrato de compraventa otorgado por el anterior dueño", menciona el comunicado. 

El pasado 30 de marzo se registró una disputa violenta entre interculturales y empresarios privados, en esta ocasión fallecieron dos personas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo explicó: "Lamentablemente, ayer uno de los empresarios acarreó gente en el lugar, grupos armados, grupos violentos, y disparó sin discreción, sin pensar en la vida de humanos que se encontraban en el lugar". 

La autoridad aseveraba que las tierras pertenecientes al predio Santagro eran de propiedad estatal de acuerdo a una serie de resoluciones de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin embargo, esta posición es cuestionada por Anapo. 

"En más de 25 años de ejecución del proceso de saneamiento de tierras, y a pesar de varias solicitudes escritas y verbales, el INRA no mostró a las entidades agropecuarias el mapa oficial de la Reserva Forestal Guarayos, lo que incrementa las interrogantes sobre el saneamiento en la zona", se explica en el documento de la institución productora. 

El comunicado asevera: "Recuerda a las autoridades pertinentes que, mientras no se emita un fallo de fondo, las medidas precautorias concedidas por el Tribunal Agroambiental a pedido de los propietarios (entre ellas la prohibición de asentamientos humanos o desmontes) deben aplicarse sobre las áreas avasalladas y no sobre la superficie trabajada". 

"Anapo enfatiza que son las instituciones del Estado las encargadas de desalojar a los avasalladores, para cumplir la ley y la promesa del presidente Luis Arce, de no permitir avasallamientos en tierras productivas ni tráfico de tierras", finaliza Anapo.