La Paz, 07 de junio (Urgentebo).- Un colectivo llamado Fuerza Ciudadana se ha manifestado públicamente para expresar su respaldo al abogado Eduardo León y denunciar que hay ciudadanos que están siendo amedrentados, amenazados y, en algunos casos, sometidos a procesos.
“Estamos aquí como Fuerza Ciudadana porque nos parece que ha llegado el momento de hacer acciones colectivas ya que los derechos individuales que tenemos como ciudadanos están hoy seriamente amenazados”, dice el documento.
El comunicador Ilya Fortún, el politólogo Diego Ayo, el economista Andrés Torres, el cientista social Iván Arias, el actor de teatro Luis Bredrow y la socióloga Fernanda Wanderley, son algunos de los integrantes de este colectivo que este lunes se expresaron públicamente con una puesta en escena.
“Estamos aquí para reclamar de manera pública y colectiva la situación del abogado Eduardo León, un ciudadano profesional boliviano al cual se le han conculcado sus derechos constitucionales como persona y como profesional de manera absolutamente arbitraria simplemente por el hecho de ejercer sus labores profesionales en un proceso judicial que ha afectado intereses políticos”, dice el manifiesto del colectivo
Desde el 1 de junio, León está internado en el Hospital de Clínicas. El exabogado de Zapata cuenta con un mandamiento de detención preventiva en el penal de San Pedro por presuntamente haber falseado su libreta militar para tramitar su título en provisión nacional.
León fue enviado a celdas de policía judicial por otro caso y no puso salir a su domiclio, a pesar de que había una orden de arresto domiciliario. Luego surgió la acusación por la que una juez determinó detención preventiva.
“Lamentablemente la situación de este abogado es hoy la situación de muchos otros ciudadanos en este país que solo por el hecho de ejercer su derecho al trabajo y a expresarse libremente están siendo amedrentados, amenazados y en algunos casos sometidos a procesos”, dice el manifiesto.
Añade: Sin ir muy lejos, Diego Ayo, uno de los miembros de este grupo, está siendo amenazado judicialmente debido a ejercer su trabajo profesional como como investigador social en el caso de corrupción del Fondo Indígena. Por otra parte, un grupo de periodistas y medios de comunicación ha sido también acosado por el Gobierno, entre muchos otros eventos abusivos y que comprometen el respeto a los derechos humanos en el país.
Nosotros percibimos que en la ciudadanía boliviana existen muchos sectores preocupadas por lo que está sucediendo en el país, y que no todos tienen la posibilidad de expresión pública que nuestras trayectorias profesionales nos han permitido tener y ello contrasta con la pasividad de las organizaciones políticas, que no se manifiestan de manera clara respecto a esta cadena de abusos.
