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Foto. Los Tiempos.

La Paz, 4 de mayo (Urgentebo) .- La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia dio inicio el viernes a la audiencia de apelación a la detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, entre otras medidas, por el caso de la compra municipal de útiles y mochilas escolares con un presunto sobreprecio.

El 22 de abril, el juez cautelar Fernando Pérez dictó detención domiciliaria con resguardo policial para Leyes, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y tener contacto con funcionarios municipales, entre otras.

La autoridad edilicia imputada por el caso fue trasladada desde su casa hasta el recinto judicial en medio de un fuerte resguardo policial y rodeado de simpatizantes que solicitaban que se defienda en libertad por los cargos en su contra.

El fiscal departamental, Oscar Vera, anunció que el Ministerio Público pedirá que la detención domiciliaria de Leyes sea sustituida por un encarcelamiento preventivo porque existe el riesgo de que el imputado obstaculice la investigación del caso y se dé a la fuga.

"En realidad, la detención preventiva ya ha sido solicitada, lo que pasa es que un razonamiento que el Ministerio Público no comparte con el señor juez no se le otorgó y sólo se le dio medidas sustitutivas", manifestó.

El representante regional del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Ever Veizaga, dijo que se sumará al pedido del Ministerio Público bajo el criterio de que existen indicios de que Leyes es autor, con probabilidad, de cinco delitos de corrupción.

"Vamos a buscar la disposición de la detención preventiva", sostuvo.

El abogado defensor de Leyes, Alberto Trigo, dijo, por su parte, que en la audiencia de apelación pedirá que su cliente deje de cumplir la detención domiciliaria porque vulnera sus derechos constitucionales y cuente con libertad irrestricta para su defensa porque tiene elementos "arraigadores" naturales, entre ellos familia, domicilio fijo y trabajo establecido.

"Además, no existe el riesgo de que obstaculice la investigación o se dé a la fuga", manifestó.

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