En el marco del Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, los Gobiernos Autónomos Municipales y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, participó hoy de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, que acordó trabajar de manera continua para una atención pronta y oportuna de los delitos de Feminicidio, Infanticidio y Violencia contra mujeres, niños y niñas.
Durante la primera sesión se realizó la elección de la Directiva de la Comisión Nacional, quedando en la Presidencia, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar; la Vicepresidencia el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce; la Secretaría Técnica a cargo del Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro; la primera y segunda vocalía a cargo de los representantes de la FAM-Bolivia y de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH).
En este encuentro, Lanchipa, solicitó a las instituciones puedan aportar con insumos cuantitativos y cualitativos, se haga llegar un reporte respecto a las tareas de prevención que es una tarea de los gobiernos municipales, para que se definan las directrices de las acciones a tomar respetando la independencia de cada una de las instituciones.
Asimismo, sugirió que la instalación de las Mesas Departamentales se desarrolle el 04 de septiembre próximo de manera simultánea en las 9 capitales de departamento.
A su turno, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, con el consentimiento de todos los presentes aprobó el Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Nacional y Departamental de Coordinación y Cooperación Interinstitucional, que a partir de la fecha trabajará en todo el país, a través de sus representantes.
El Convenio suscrito el 05 de diciembre de 2022, tiene como objetivo generar mecanismos eficientes, eficaces y oportunos que garanticen la tramitación de los casos de Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes y delitos de Feminicidio e Infanticidio, asimismo implementar políticas públicas de prevención, en el marco de las atribuciones de cada institución.
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