La Paz, 3 de febrero (Urgentebo).- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue de nuevo convocada por un juez y deberá declarar como imputada por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga supuestos negocios irregulares con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Los Sauces.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio citó hoy, además de a Fernández -que deberá presentarse en los juzgados el 7 de marzo-, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios ligados al kirchnerismo, contratistas del Estado, Cristóbal López y a Lázaro Báez, ya detenido como acusado en otra causa por lavado de activos.

"Como siempre lo hizo, va a presentarse en la Justicia. No tiene ningún inconveniente, obviamente que sostenemos la inocencia de ella, de sus hijos y de la familia de la expresidenta, no solamente en esta causa sino también en las demás", explicó a Efe Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, informó el medio digital Terra.com

La causa conocida como Los Sauces surgió en abril de 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como los hijos de ambos.

En su demanda, la legisladora les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

Stolbi

er cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Además, y en el marco de otras causas que la afectan, pesa sobre Fernández una inhibición (bloqueo) general de sus bienes - que según consta en su declaración jurada patrimonial de 2015 asciende a 77,3 millones de pesos (unos 5 millones de dólares)- y solo puede disponer libremente de su pensión como expresidenta, en torno a 150.000 pesos (9.600 dólares) mensuales.

Fernández, que culminó su mandato como presidenta en diciembre de 2015, ha reiterado en multitud de ocasiones que se siente objeto de una "feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática" del país, impulsada, a su juicio, por el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, para "tapar el desastre económico y social" del país.

Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino.

Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación -de la que en 2015 fue apartado Bonadio como juez de la causa- por presuntos retornos económicos a la ex familia presidencial por parte de empresarios como Báez, que provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario.