Septiembre 21, 2024 -H-

Decreto prohíbe cierre de empresas privadas en crisis, pero no incluye a públicas

El Decreto Supremo 2822 fue aprobado por el gabinete de ministros como parte de los acuerdos a los que llegaron autoridades gubernamentales con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).


Miércoles 6 de Julio de 2016, 1:30pm






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El gabinete de ministros en esta jornada (Foto: ABI)

La Paz, 6 de julio (Urgentebo).- El gabinete de ministros aprobó este miércoles el Decreto Supremo 2822 que prohíbe en uno de sus tres artículos usar como justificación la baja productividad y rentabilidad para el cierre de empresas en el sector privado como se lo hizo en el caso de Enatex. El documento no incluye a las empresas públicas.

El Artículo 2 de la norma aprobada este miércoles indica: “Los conceptos y las disposiciones legales que contiene el Decreto Supremo Nº 2765, del 14 de mayo, por ningún motivo y bajo ninguna justificación se aplicarán para el cierre de empresas y/o el despido de trabajadoras y trabajadores en el sector privado, siendo nula de pleno derecho y sin validez legal cualquier acción que realicen a su amparo las empleadoras y los empleadores”.

El Decreto Supremo 2765 tomó como argumento “la baja productividad y rentabilidad” para el cierre Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) y la desvinculación de sus trabajadores que ahora piden la restitución de sus fuentes laborales.

La crisis de Enatex provocó que el Gobierno decida la modificación de la naturaleza jurídica de empresa pública a entidad descentralizada.

El decreto establece en su Artículo 1 que tiene por objetivo “reiterar y ratificar la protección a la estabilidad laboral y los derechos de lo trabajadoras y trabajadores  del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El Artículo 3 hace referencia a la situación de las trabajadoras y trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen de la Ley General del Trabajo. Aclara que “no serán transferidos a otro régimen”.  

El Decreto Supremo 2822 fue aprobado por el gabinete de ministros como parte de los acuerdos a los que llegaron autoridades gubernamentales con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la reincorporación de al menos 180 trabajadores de más de 800 que no cobraron aún sus finiquitos de liquidación.

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