Corría el año 1994, Bolivia se desangraba en los siglos de historia de saqueo y expoliación. Como si no bastara, ese año, el 21 de marzo firmaron el nuevo capítulo de la depresión. El “Gringo go home” rubricaba la Ley de la Capitalización.
A sus espaldas, entre otros personajes, se apostaba el cementero Samuel Doria Medina listo con la pluma para firmar la venta de la riqueza nacional. Él mismo quien el 21 de febrero pasado se ufanaba de defender la consigna “Bolivia Dijo No” cual si fuera una victoria de la cual hubiera que vanagloriarse.
Entre el 21 de febrero aquel y este 21 de marzo, corre un río de sangre. Porque el 21F deja la huella de una fecha histórica secuestrada por la mentira. La invención tramada por el “No” a la dignidad, “No” a la soberanía, “No” a la posibilidad de consolidar un nuevo país.
Ese “No” hecho bandera por opositores de twiter y Facebook, es el mismo que hace 23 años puso en venta la riqueza de todo un pueblo, que sin voz ni voto, atestigüó casi mudo la rifa de YPFB, ENFE, TELECOMUNICACIONES, LLOYD, ENDE, COMIBOL, VINTO, entre otras empresas más.
El eufemismo de la capitalización
Así se recuerda, este 21 de marzo, el capítulo más despiadado de la privatización, cuyo eufemismo “capitalización”, no quieren rememorar los súbditos del neoliberalismo. La danza de millones en pérdidas para el Estado llega a ser, cuando menos, grosera. El caso de las empresas públicas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES) arroja la pérdida de 192 millones dólares por la venta de 36 empresas ubicadas en el rubro productivo, industrial y alimenticio, según un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Otro ejemplo que muestra la falsa idea de capitalizar las empresas públicas remonta a las telecomunicaciones. La empresa del rubro se vendió a Euro Telecom International por 610 millones de dólares, de los cuales 130 se destinaría al capital y 480 a la inversión. Según el mismo informe legislativo, la inversión nunca se hizo y además el Estado boliviano pagó 100 millones de dólares por la transferencia de tecnología.
Pero la pérdida más dolorosa fue YPFB. La desmembraron para rifarla por partes, siendo que constituía el sostén de la economía. Sin ningún pudor moral ni económico, Sánchez de Lozada la “entregó” por 384 millones de dólares, cuando generaba un promedio anual de 400 millones de dólares. Para sellar tan impío negocio, promulgaron un decreto supremo por el cual era imposible conocer el estado de las empresas “capitalizadas”.
Y así sucedió: una a una se fueron vendiendo sin clemencia. En cada firma de los privatizadores iba el “No” al país; el “No” al futuro; el “No” a los bolivianos. Por eso, nuestra memoria no puede borrar aquel 21 de marzo. Así como tampoco debemos soslayar que un 21 de febrero, los mismos privatizadores de entonces, intentaron a golpe de mentiras sepultar las conquistas del pueblo que redescubrió su poder, su fuerza y su destino.
Claudia Espinoza Es comunicadora
@warmiclau
