La Paz, 24 de julio (Urgentebo.com).- La diputada Valeria Silva informó sobre el requerimiento de un informe escrito al Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, para que proporcione detalles sobre el proceso seguido y la imputación, tras denunciarse la muerte de María Isabel Pillco. Y anunció que a este caso se sumará el de la niña Tatiana Barreto, quien murió hace más de dos años sin que hasta ahora se haga justicia.
“Hemos sabido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que se ha cometido una injusticia en el caso de feminicidio de María Isabel Pillco, es por eso que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pidió un informe al Fiscal General del Estado, para que explique el proceso de la pesquisa y las pruebas presentadas para la imputación contra el acusado de feminicidio”, señaló Silva.
"También queremos conocer el caso de la niña Tatiana Barreto", escribió este lunes la diputada en su cuenta en Twitter.
El diputado Manuel Canelas explicó que se activará la capacidad de fiscalización legislativa a través de peticiones de informe oral o escrito, pero también se impulsará una auditoría jurídica para valorar el trabajo que cumplieron los servidores públicos.
Canelas recordó que Quiroga es el mismo juez que sobrepasando sus atribuciones instruyó reprimir –”con gases lacrimógenos si es necesario”– a las activistas que seguían de cerca el proceso.
También amenazó con hacer detener a la madre de la víctima en una inexplicable demostración de “exceso de autoridad”.
El diputado insistió que se trata de “un caso bastante polémico y hay dudas fundamentadas sobre la actuación de jueces y fiscales”.
A más de dos años de la muerte de Tatiana Barreto, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz suspendió el anterior viernes y por tercera vez consecutiva la audiencia del juicio por infanticidio contra Fátima Velasquez, madre de la niña, y su novio Rubén Graft.
La abogada de la parte acusadora, Roxana Pérez del Castillo, lamentó que se pretenda “cubrir con una cortina de humo las evidencias contra los acusados y dilatar el proceso para activar una suerte de tráfico de influencias que distorsione el proceso”.