7 de febrero (Urgente.bo).- La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de ley del contrato de litio durante la madrugada de este viernes. Sin embargo, aún no se conoce cuándo será tratado en el pleno de la Cámara de Diputados, mientras el debate genera descontento en distintos sectores.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) advirtió que los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni carecen de reglas claras. Por ello, consideran urgente que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley que transparente estos acuerdos.
“Existe conflictividad debido a la falta de transparencia en los alcances de estos contratos, ya que el Gobierno ha optado por un camino opaco en su manejo", afirmó Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, en declaraciones a Urgente.bo.
Zaconeta subrayó la necesidad urgente de una ley que defina los lineamientos de los contratos del litio. El experto mencionó que se necesita con urgencia una normativa que ponga las reglas claras en los contratos que firmó el Gobierno con la empresa china.
“Desde hace tiempo se demanda una normativa específica sobre este recurso. A pesar de haber sido consensuada entre Potosí, Oruro, organizaciones y la sociedad civil, no ha sido viabilizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, se ha denunciado que el Gobierno actual ha modificado el proyecto inicial para responder a sus propios intereses, ignorando los principios previamente acordados", explicó.
Uno de los aspectos más cuestionados es el porcentaje de regalías, fijado en un 3%. “La Ley 535 de Minería y Metalurgia establece que el 3% de las regalías debe distribuirse de la siguiente manera: el 85% para la gobernación y el 15% para los municipios. Dado que el Salar de Uyuni se encuentra entre dos departamentos (Oruro y Potosi), ese 85% tendría que dividirse entre ambos (departamentos), mientras que el 15% se repartiría entre al menos seis municipios. Esto reduce significativamente los ingresos tanto para las regiones como para las comunidades locales", precisó Zaconeta
El Comité Cívico de Potosí (Comcipo) ya expresó su rechazo a los contratos y denunció que no hubo consenso con los sectores potosinos. Además, considera injusto el porcentaje de regalías.
"Para evitar esta confusión y falta de claridad, se debe definir mediante una ley los parámetros y las instancias responsables de negociar cualquier contrato o asociación, con reglas bien establecidas. Primero se debe discutir, consensuar y aprobar una ley del litio que garantice transparencia y justicia en la distribución de beneficios", concluyó Zaconeta.
