17 de agosto (Urgente.bo).- El abogado de la empresa IME Consulting, Ramiro Vega, afirmó que el Gobierno boliviano confesó que desconoce el paradero de los 170 respiradores que fueron adquiridos con sobreprecio. Además, sostuvo que es nula la posibilidad de que Bolivia recupere los $us 2,2 millones que pagó por los equipos
Según Vega, en las cartas que intercambiaron la empresa intermediaria y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud, no se dice que el Gobierno boliviano quiera disolver el contrato de compra de los respiradores, más bien, pide el cumplimiento del mismo. Además, confesaría que no saben dónde están los equipos.
“(La carta de Aisem) no pide la disolución (del contrato), pide el cumplimiento del contrato bajo amenaza de resolución. (…) Una de las razones por la que pide el cumplimiento es que no han recibido los 170 respiradores, porque los han recibido mal y sólo han podido encontrar 75, qué quiere decir esto, el Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado. Dice que se les ha dado al Ministerio de Justicia, pero no sabemos dónde están, estamos tratando de ubicar los respiradores. Primer elemento, no saben dónde están sus respiradores y esa irresponsabilidad administrativa por el Gobierno boliviano, originada primero por el ministro (Arturo) Murillo y la presidenta (Jeanine) Áñez al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la exhibición de los respiradores. Los perdieron, eso dice el informe, dice no sabemos dónde están los respiradores, los hemos perdido, como ustedes no los han entregado a la Aisem, sino al ministro de Salud, acusamos incumplimiento”, contó el abogado Vega en entrevista con radio Fides.
El jurista contó que el Gobierno argumenta que la empresa IME Consulting debería haber entregado los equipos en Santa Cruz, pero lo hicieron en Barcelona, por esa situación no se habrían cumplido algunos procedimientos administrativos y que por esa situación desconocen el paradero de los equipos. Vega aclaró que la empresa IME Consulting está predispuesto a dar solución al conflicto, pero de forma técnica y no así política.
La tarde del domingo, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que se pidió la devolución del pago por adelantado de $us 2,2 millones por la adquisición de estos equipos, además de romper con los acuerdos firmados con la empresa española GPA Innova y la intermediaria IME Consulting.
Según Coimbra, la fábrica reportó a la empresa que vendió los aparatos (la intermediaria IME Consulting) que no va a poder cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal. El abogado Vega desmintió al ministro Coimbra sobre esta situación.
De acuerdo con el abofado, IME Consulting consultó a la empresa fabricadora de los respiradores sobre la posibilidad de la disolución del contrato, la fábrica dijo que “si el Gobierno boliviano no justifica fallas técnicas reales de los equipos, no puede la fábrica devolver (el dinero) o recibir de nuevo los equipos”.
Vega acotó que esa posibilidad es muy menor debido a que Bolivia “ni siquiera ha recibido completo los equipos por deficiencias del Gobierno boliviano”.
Contó que la fábrica GPA Innova, mediante IME Consulting, propuso al Gobierno entregar otros 170 respiradores, debido que los otros 170 están “perdidos”, para que pueda ser usado para salvar vidas, pero el Gobierno no considera esta posibilidad. Según Vega, estos nuevos 170 no tendría ningún costo.
“Ha habido una serie de ofertas, una serie de negociaciones que el Gobierno boliviano no las ha puesto ni siquiera en la mesa por un tema de imagen política, no por un tema de solución del conflicto”, dijo el abogado.
La posibilidad de devolución de la plata es casi nula, inclusive si se ganara un arbitraje, aseguró. “Las posibilidades de efectivizar cualquier fallo arbitrar en sumas de dinero es imposible, lo que está haciendo el Gobierno es manejo político. En realidad, Bolivia no va recibir $us 2.2 millones en forma efectiva en un plazo razonable o necesario para atender la pandemia”, agregó.
