La Paz, 28 de mayo (Urgentebo.com).- El Decreto Reglamentario de la Autoridad de Fiscalización de Salud definirá mecanismos de control para mejorar la atención en el sistema de salud boliviano, como por ejemplo, buscará evitar el tráfico de pacientes desde un hospital público hasta uno privado.
En una entrevista realizada por el programa El Pueblo es Noticia, la ministra de Salud, Ariana Campero, declaró que el tráfico de pacientes es un asunto que deber ser encarado pues hoy es un problema frecuente para perjuicio de los pacientes.
Hay casos que en los insumos y medicamentos no son los suficientes o “no se toman se cumple la norma de los hospitales. Lo que hará la autoridad es que se cumpla la norma sobre la provisión de los mismos, también fiscalizará para que no haya tráfico de pacientes del público al privado”, declaró la Ministra Campero.
El tráfico de pacientes es uno de los problemas que afecta al sistema de salud, pues, según datos obtenidos por el portal Urgentebo.com, los profesionales médicos hace uso del prestigio y credibilidad que tienen entre los pacientes para que éstos acepten ser tratados en sus consultorios o clínicas privadas, donde pueden cobrar más por el servicio.
En ese sentido, la Ministra de Salud negó que el decreto reglamentario de la Autoridad de Fiscalización –una figura institucional recientemente creada- haya sido ya aprobada y por ello convocó a la dirigencia de los médicos a participar de la redacción, mediante procesos de diálogo.
De acuerdo con la explicación de Campero, la Autoridad de Fiscalización de Salud tiene que velar por el cumplimiento de las normas en los sistemas públicos, de seguridad social y privado.
“Los médicos no son culpables de todo lo que ocurre en el sistema de salud, también ahí están las responsabilidades de los administradores. Por eso convocamos a los dirigentes de los colegios médicos para dialogar”, dijo la Ministra de Salud.
Podemos resolver los conflictos mediante el diálogo, el paro en el sector salud es injusto; no hay ningún reglamento de la autoridad de fiscalización. Estamos dispuestos a que se trate desde cero, complementó.
A fines del pasado año, el periódico orureño La Patria se refirió a la problemática del tráfico de pacientes.
Tras algunas investigaciones realizadas por un equipo multidisciplinario, formado en marzo, para investigar estos hechos, la gobernación de Oruro estimaba que de cada 10 pacientes que ingresaban al Hospital General, cerca de ocho eran trasladados a clínicas privadas para que se les realice cirugías, exámenes complementarios u otro tipo de atención, que podían ser brindados con normalidad en el nosocomio.
