El lawfare, es decir la judicialización de la política, se ha convertido en un recurso utilizado por algunos gobiernos para atacar la línea de flotación de sus adversarios. En Bolivia, no hace falta irse demasiado lejos, el Gobierno no escatima esfuerzos a la hora de atacar al expresidente Evo Morales, por lo civil o lo criminal, con el objetivo claro y concreto de apartarlo de una eventual candidatura a la Presidencia el año que viene.
La más reciente arremetida tiene que ver con uno de los episodios más oscuros del gobierno de Morales, el llamado Caso Terrorismo y la desarticulación de la célula terrorista liderada por Eduardo Rósza en un dudoso operativo llevado a cabo en el Hotel Las Américas en Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Entonces, y por orden expresa del propio Presidente Morales, un equipo de élite de la Policía, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, ejecutó al propio Rósza, a Arpad Magyaroisi y a Michael Dwyer. Otros dos mercenarios, Élod Toásó y Mario Tadic, sobrevivieron y hoy promueven un juicio contra el Estado boliviano por la violación de sus derechos humanos.
Al margen de ello, creo que el caso amerita un reportaje periodístico que contemple todas las aristas sin implicar mi opinión sobre el mismo, chirría que sea el propio Gobierno, aún del Movimiento Al Socialismo, que se presente ante la comunidad internacional como parte interesada en esclarecer las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Es muy probable que Evo Morales, preocupado por los informes de Inteligencia que revelaban la posibilidad real de un magnicidio, haya optado por cortar por lo sano. Pero no cabe la menor duda de que aquellos que hoy le exigen responsabilidades, callaron en su momento avalando la extrema decisión presidencial. Luis Arce, por ejemplo, era Ministro de Economía y, por lo tanto, miembro de un gabinete que con toda certeza estaba al corriente de la operación policial. Hablando en oro, el Presidente conoce detalles que también debería explicar para evitar especulaciones interesadas en dañar su imagen.
El Caso Terrorismo, de hecho, es tan turbulento y farragoso (todo se planeó mal y se ejecutó peor) que permite que personajes tan sinuosos como el exfiscal Marcelo Sosa, se erija como el representante de la verdad absoluta y líderes cruceños con el peso específico de Branko Marinkovic exijan al Gobierno que lleve a Evo Morales ante un tribunal internacional de justicia.
Seguramente nada de esto sucederá porque el Gobierno teme que Evo Morales encienda el ventilador y la mierda acabe salpicando a quienes hoy tienen la misión de conducir el rumbo errático de un país sumido en la crisis económica, la incertidumbre política y la incapacidad para concertar una solución en el seno del MAS a fin de evitar el desmoronamiento de un partido al borde mismo del precipicio institucional sin que desde la oposición (¿todavía existe?) se vislumbre una alternativa válida para tomar el relevo en 2025.
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