El gerente general de NPM (New Pacific Metals) en Bolivia, Hianny Romero, denunció este martes que un grupo reducido de personas con la presunta colaboración de otras que tienen influencia en el departamento de Potosí “avasalló” la concesión otorgada a la empresa minera Alcira con fines de explotar, comercializar y lucrar plata ilegalmente. El ejecutivo sospecha que hay una red de protección.
“Lamentablemente hemos sufrido el avasallamiento en nuestras áreas por unos mineros ilegales que inicialmente tenían unos contratos con nuestra empresa, que les autorizó una explotación de 250 toneladas por mes con una metodología artesanal y con la imposibilidad de terciarizar estos contratos. Lamentablemente, estos señores han quebrado estos contratos, nos echaron del área y han amedrentado a nuestro personal con el uso de dinamita, han llegado a amenazar a los comunarios del área”, dijo Romero al periódico digital Urgente.bo.
NPM Minerales es una empresa minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores y que opera en Bolivia desde el 2017y en el departamento de Potosí, municipio de Tacobamba, comunidad de Machacamarca, tiene la titularidad del proyecto Silver Sand. Se trata del proyecto de exploración y explotación de plata más grande arribado a Bolivia con el actual Código Minero, con el objetivo de desarrollar una inversión de 358 millones de dólares.
Hasta la fecha, New Pacific Metals ha realizado una inversión de más de 45 millones de dólares en el mencionado proyecto y durante la fase de exploración, con una proyección de inversión de 358 millones de dólares en su fase de construcción. Sin embargo, la ocupación ilegal cometida por un grupo de personas pone en riesgo la implementación del proyecto que tiene la potencia de generar aproximadamente 17 millones de dólares por concepto de regalías y 43 millones de dólares en pago de impuestos.
El proyecto Silver Sand, ubicado en la comunidad de Machacamarca, está cargo de la empresa minera Alcira, que es parte de NPM en Bolivia, y que ha suscrito un contrato administrativo minero con el estado boliviano para la explotación minera por el periodo de 30 años. Con este dato, Romero refrenda que cuenta con el respaldo de las leyes para las tareas de exploración y posterior explotación del subsuelo.
Sin embargo, un grupo de seis personas, a las que la empresa ha identificado plenamente, lograron el respaldo de una red para explotar, transportar y comercializar plata en el departamento de Potosí.
“Y lo que también nos pone en alerta es que, a pesar de que es una minería ilegal que se hace, está con una red de apoyo. Porque imagínense, usted tiene que sacar ese mineral y después tiene que transportarlo. Y para transportarlo hay una normativa muy estricta que necesita es un formulario 101”, agrega Romero.
Lo que llama la atención es que el formulario 101 es emitida por instancias de la Gobernación Departamental, en este caso de Potosí, y quienes lo tramitan deben demostrar que el mineral que es transportado cuenta con respaldo legal para la explotación en una concesión. Las seis personas de las que habla Romero no cuentan con concesión alguna.
El formulario 101 es el documento necesario para el transporte del mineral con dirección a un ingenio donde el producto es sometido a un proceso y la ley de la plata tenga aún más valor. “Para tal efecto tienen que cruzar trancas donde se realizan los controles respectivos, al ser mineral extraído de manera ilegal debería ser denunciado en estos puntos de control ya que no cuentan con los formularios exigidos por ley”, insiste Romero.
Los avasalladores, según la denuncia del ejecutivo, han frenado el proceso de socialización del proyecto Silver Sand con las comunidades del lugar, ahuyentaron al personal de la empresa y decidieron realizar trabajos de minería, con la explotación de plata.
“De las investigaciones que se han realizado en el área, sacan 12 volquetas por día y esto es un monto importante. No puede ser que una empresa que confía en Bolivia, la primera empresa que está entrando desde la promulgación de la nueva ley minera desde el 2014, ve comprometida su seguridad jurídica”, remarcó.
Al margen del impacto negativo contra la empresa, el grupo de personas que dirige la explotación de plata en Silver Sand lo hace sin el pago de regalías ni impuestos. “Están evitando la generación de potenciales empleos para Potosí. Por eso, nos extraña que no se esté tomando una acción más directa en evitar y detener esta ilegalidad en el área”, complementa.
Romero afirma que las autoridades del gobierno departamental de Potosí conocen las denuncias presentadas contra los avasalladores y lamenta que funcionarios de la Secretaría Departamental de Minería hayan sido bloqueados por quienes creen tener derecho de explotar, contra las leyes bolivianas.
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