16 de enero (Urgente.bo).- La reunión convocada por el Gobierno para tratar disposición adicional séptima del polémico Presupuesto General del Estado (PGE) todavía queda en incertidumbre, luego de que el empresariado privado ratificara su postura de rechazo al decomiso de alimentos. Ahora, la “derogación o suspensión” de la misma está en manos del presidente del Estado, Luis Arce.
“El Presidente jugará un rol importante de darnos certidumbre y dejar esta medida, de derogarla o dejarla en suspenso, pero no puede aplicarse por todo lo expuesto por las cámaras empresariales que hoy mostramos unidad gremial”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, en contacto con Urgente.bo.
La reunión convocada a ”última hora” por el Gobierno tuvo la participación de César Siles, ministro de Justicia; Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Sin embargo, la mayor parte de representantes del empresariado no pudo asistir por la repentina invitación.
Camacho señaló que la postura del empresariado con respecto a la disposición séptima se mantiene desde la publicación del proyecto de ley del PGE 2025 en noviembre de 2024. El decomiso de alimentos es considerada “arbitraria, discrecional y extorsiva”.
“Creemos que la misma lo único que va a hacer es crear un clima adverso para las inversiones, también que se está atentando contra derechos constitucionales”. agregó.
Por su lado, el Gobierno informó que la medida busca reducir el agio, el contrabando y la especulación de alimentos y que esta normativa no afectaría a quienes cumplan la ley. Empero, Camacho no coincide con esta justificación.
“Nos preocupa mucho la interpretación que le den los funcionarios y esta interpretación no muchas veces es de acuerdo a norma y va más por intereses económicos, y no queremos arriesgar a nuestras industrias. Son 39 mil industrias, 600 mil fabriles, 11,5 millones de bolivianos que quieren certidumbre, quieren trabajar”.
Ahora, el Gobierno debe contar con una respuesta al pedido de la población antes de que se lleven adelante movilizaciones, bloqueos y marchas de sectores sociales que rechazan el decomiso.
