3 de marzo (Urgente.bo).- El diputado de la bancada Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón informó este lunes que invitó a los sectores sociales a ser parte del debate del tratamiento del “proyecto de Ley 218 de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas” y recalcó que dicha bancada muestra su rechazo absoluto, ya que dicho proyecto pretende criminalizar la protesta y castigar a quienes financian la misma.
“(La posición de CC muestra un) rechazo absoluto a esta ley maldita y de alguna manera revive la esencia del espíritu de la (ley) anterior 386 y 218. Estoy invitando a que participen, el día de mañana, a todos los representantes de los sectores sociales, llamamos a los profesionales, gremiales, mineros, para que sean parte del debate y escuchen los argumentos políticos”, dijo Alarcón a Urgente.bo.
Este 4 de abril a las 10:00 se tiene programado el tratamiento del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El parlamentario de CC indicó que son cuatro las figuras penales observadas por dicha bancada, terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.
“Son cuatro las figuras penales con las cuales quieren criminalizar la protesta social con lo del terrorismo y con el financiamiento del terrorismo, la legitimación de ganancias ilícitas y con la confiscación o decomiso de bienes”, sostuvo.
Terrorismo: Según Alarcón, esta determinación prevé implementar sanciones más graves contra la protesta social. “En el tipo penal del terrorismo no está concebido como un elemento central del tipo penal, la organización terrorista, por lo tanto, se extiende a la aplicación a cualquier grupo de personas que estén realizando una marcha o una protesta”.
Legitimación de ganancias ilícitas: La normativa pretende ampliar a varios delitos con esta determinación. “Delitos principales en supuestos, lavados de dinero, delitos medioambientales, tributarios, delitos de contrabando, delitos de actividad mineras ilegales, ventas ilegales de minerales”.
Confiscación o decomiso de bienes: Alarcón denuncia que dicha determinación dentro de la normativa pretende implementar la confiscación y decomiso de bienes sin que el investigado tenga una sentencia condenatoria. “En primera instancia, la confiscación de bienes y puede ser condenso a 15 años de cárcel”, añadió.
///
