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La Paz, 20 de julio (Urgentebo).- Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo evidenció que el 95% de directores y maestros no están capacitados para atender a niños que presenten alguna discapacidad. El estudio fue aplicado en 18 unidades educativas del macrodistrito de San Antonio y Cotahuma en la ciudad de La Paz, los distritos 5 y 6 de El Alto y las poblaciones rurales de Achacachi y Huarina.
El estudio denominado “Una mirada a la situación de la Inclusión de estudiantes con discapacidad en Unidades Educativas del Sistema de Educación Regular” tuvo el objetivo de analizar el proceso de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad para identificar fortalezas y debilidades, si se aplican prácticas educativas inclusivas e indicadores que sirvan para orientar cambios en la formación escolar.
“El estudio se basó en entrevistas a 18 directores y directoras; 86 docentes, 45 padres/madres o algún familiar y 28 niñas y niños con discapacidad y observaciones directas de aulas, lo que permitió identificar que el 95% de directores y docentes de las unidades educativas no fueron capacitados ni tienen formación sobre el tema discapacidad e inclusión, el 99% de los centros escolares no cuentan con materiales de apoyo para el trabajo con niñas y niños con discapacidad”, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo, David Tezanos, manifestó que este estudio es el reflejo del esfuerzo conjunto que permitirá transformar realidades y buscar el cumplimiento de políticas públicas a favor de sectores en situación de vulnerabilidad como son la niñez y la adolescencia con discapacidad. Para ello, remarcó la importancia de que la información llegue a sectores alejados que desconocen de normas y disposiciones que favorece a esta población.
Resultados y recomendaciones
En la observación en aula, se identificó que no existen textos en las paredes que contribuyan al aprendizaje inclusivo, los materiales utilizados en su mayoría son adaptaciones curriculares, la disposición de los pupitres no sólo dificulta el desplazamiento de estudiantes con discapacidad motora, sino que impide que éstos puedan compartir y realizar actividades conjuntas, quedando aislados.
En cuanto al núcleo familiar, se evidenció que el 90% desconoce el término de educación inclusiva y la mayoría la asocia a la integración, el mismo porcentaje afirma que enfrentó dificultades para inscribir a sus hijas e hijos en un centro de educación regular.
Las 17 recomendaciones que emergen de este estudio señalan la necesidad de hacer cambios en el Sistema Educativo Regular que pasan por trabajar en políticas educativas e intersectoriales que promuevan la Inclusión en todos los niveles educativos; capacitación y formación permanente a directores y docentes en el tema inclusión y discapacidad; eliminación de barreras arquitectónicas; elaborar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción de los estudiantes para fomentar prácticas inclusivas y promover la participación de la comunidad en favor del alumnado con discapacidad.
El Defensor del Pueblo se comprometió a impulsar de forma conjunta con el Ministerio de Educación los avances en materia de educación inclusiva que se ha dado desde esa cartera de Estado como son los lineamientos curriculares y metodológicos de educación inclusiva del ámbito de educación especial, los instrumentos para la detección y evaluación de las dificultades en el aprendizaje, atención y memoria, en razonamiento lógico-matemático y en lecto-escritura; las guías educativas para familias y comunidades de personas con discapacidad intelectual, de personas sordas, de estudiantes ciegos o con baja visión y sobre dificultades en el aprendizaje en educación primaria comunitaria vocacional y los currículos específicos para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, sordos, ciegos o con baja visión.
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