Los principios con los que se redactó el Código de Seguridad Social en Bolivia: solidaridad, universalidad, unidad de gestión, eficiencia y suficiencia parecen no cumplirse a cabalidad y la explicación sobre cada uno de ellos no llega de manera adecuada a la población boliviana.
Algo parecido sucede con las entidades encargadas de administrar los aportes de las personas que quieren contar con una jubilación digna en algún momento. La gente de a pie sabe poco sobre el quebrado Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que fueron las posteriores encargadas y la Gestora Pública, la cual provoca actualmente gran desconfianza en la población asegurada.
Esa susceptibilidad sobre el manejo de los aportes crece cuando la coyuntura socio-económica no es de las mejores en Bolivia a causa de la falta de dólares más otros temas colaterales y -sobre todo- cuando las noticias dan a conocer que los fondos pensionales están siendo utilizados para cubrir aprietos fiscales del gobierno.
Un tercio de los recursos de la Gestora (que en realidad es dinero de los bolivianos aportantes) se encuentra invertido en instrumentos ofrecidos por el Estado boliviano, informó el gerente de la Gestora, Jaime Durán.
“El fondo total son 26 mil millones de dólares. Alrededor del 33% está en fondos que corresponden a inversiones que se han hecho en instrumentos estatales. Eso significa que alrededor de 7 mil millones de dólares son las inversiones que hemos realizado”, afirmó Durán en un programa de ERBOL.
Según el detalle proporcionado, del último paquete de inversión de 500 millones de dólares, 200 millones se invirtieron en bonos en dólares del Banco Central con 6,5% de interés a tres años, 50 millones en bonos del tesoro de Estados Unidos con 4,66% a tres años, mientras que 1.715 millones de bolivianos equivalentes a 250 millones de dólares se pusieron en bonos del tesoro de Bolivia a una tasa de 12,8% también a tres años.
El sistema de reparto quebró en la década de los 90 y fue reemplazado por un sistema de capitalización individual, que tenía como gestores a las AFPs. Estas reformas de pensiones estuvieron de la mano de cambios políticos; el sistema de capitalización individual estaba acompañado por un modelo económico neoliberal mientras que la modificación que se hizo de las AFPs a la Gestora llegó junto al modelo social comunitario y productivo que se instaló en el país desde el 2006.
La Gestora Pública mantiene una relación de dependencia del Ministerio de Economía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) lo que implica, de acuerdo a un análisis de la Fundación Milenio, que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores, que es el Estado (representado por el Ministerio de Economía), viene a ser, en última instancia, la misma autoridad política, convertida en juez y parte.
La Fundación Milenio añade en su estudio que desde la proyección de la entidad (más de ocho años atrás) se plantean dudas sobre su idoneidad institucional porque mucha gente tiene todavía en la memoria el descalabro del sistema de pensiones de antes de la reforma de pensiones de 1997 (que dio paso a la administración privada de las AFP) cuando el gobierno era el responsable de manejar los aportes laborales y cuando funcionaban las cajas complementarias.
Adicionalmente, una encuesta realizada tiempo atrás por la empresa Diagnosis, Investigación Social Opinión y Mercado estableció que el 52% de las personas, es decir, la mayoría de los encuestados prefería que sus aportes para la jubilación sean administrados por una empresa privada y no por la Gestora Pública, instancia estatal que actualmente opera y es rechazada por muchos sectores laborales. El 26% respondió que prefiere la Gestora Pública y el 22% no sabe o no responde.
La opinión de algunos analistas económicos corrobora lo mencionado anteriormente porque el panorama no es alentador en lo que respecta a las cuentas públicas donde se arrastra una década de consecutivos y elevados déficit fiscales y para cuyo financiamiento el gobierno recurre a los créditos del BCB a costa de la pérdida de reservas.
Con una mala fama, heredada del anterior Fondo de Pensiones, la Gestora Pública debe demostrar que puede administrar los ahorros de los trabajadores con capacidad y transparencia, brindando servicios de calidad igual o superior a las AFPs.
Además tendría que explicar detalladamente sobre el incremento del 2,72% que se hizo en las jubilaciones del Sistema de Reparto dejando de lado a las del Sistema Integral de Pensiones, que supuestamente recibieron ese aumento “de forma lineal” a partir del mes de enero de la presente gestión. Otra vez y como siempre, el gobierno mareando la perdiz a la población.
Más allá de críticas al manejo de los recursos de los bolivianos por parte de la Gestora, es imperativo llevar a cabo nuevamente una reforma del sistema de pensiones que proporcione confianza y estabilidad tanto a los asegurados como a los jubilados. No obstante, dado que estos cambios estructurales requerirían un plazo considerable lo que resulta necesario en este momento es asegurar la representación de la población en la entidad encargada de gestionar los aportes de los jubilados, garantizando que los intereses de los contribuyentes estén debidamente protegidos.
Un análisis de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana afirma que “los dueños del dinero no tienen representantes en el Directorio de la Gestora, en tanto el Estado, que es el principal deudor, controla absolutamente todo el negocio. La estructura de la Gestora y los mecanismos de fiscalización no son garantía; por el contrario, posibilitan una gran discrecionalidad del gobierno”.
“Es necesario articular una alianza con todos los sectores laborales para defender los ahorros para la jubilación. Si no protegemos ahora nuestros fondos, estamos condenados a recibir rentas miserables o incluso quedarnos sin jubilación”, añade el planteamiento de la federación.
Un sistema de pensiones se crea para que los trabajadores aporten cuando están activos con el propósito de acumular dinero que les financie su jubilación. Lamentablemente en Bolivia solamente acoge a una fracción reducida de la población debido a la característica mayormente informal del empleo en el país. Sin duda, la creación de trabajos dignos incrementaría la recaudación de los aportes al sistema para dar a las personas posibilidades de jubilación en etapa de vejez o invalidez.
Mientras tanto para cubrir las necesidades de un gran sector existe la Renta Dignidad como un beneficio para los adultos mayores, implantado inteligentemente (hay que reconocerlo) desde hace 16 años, primero con el nombre de Bonosol y que se ha mantenido a pesar de los avatares políticos y cambios de gobierno.
Debido a la gran desconfianza que genera la Gestora Pública en Bolivia se requieren acciones urgentes que aseguren mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los aportes jubilatorios. Al margen de supervisores externos, deberían existir auditorías externas e independientes que revisen periódicamente sus operaciones y finanzas, con los resultados publicados de manera accesible para toda la población.
Adicionalmente, es necesario crear un portal digital interactivo donde los afiliados puedan consultar en tiempo real el estado de sus aportes y los movimientos financieros de la entidad así como organizar campañas informativas para dar credibilidad al accionar de una entidad tan importante para la población.
No más opacidad en la Gestora Pública, transparencia con el manejo de recursos que pertenecen a los bolivianos aportantes.
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