“El presidente Arce está quemando la casa para pasar el invierno”, decía Samuel Doria Medina en uno de sus conocidos tiktoks, refiriéndose al uso indiscriminado de los recursos del Fondo de Pensiones que ahora administra (¿mal administra?) la Gestora Pública de Seguridad de Largo Plazo, que tardó más de diez años en funcionar – la Ley que la hizo nacer es del 2010 e inició su trabajo recién en 2022 – pero que se demoró tan sólo dos años en comenzar a rifar la plata de los jubilados y los que vamos a jubilarnos.
De acuerdo a un informe de la misma Gestora Pública, se concoce que, a diciembre de 2023, alrededor de 175 mil millones de Bolivianos, algo así como 25 mil millones de dólares de los aportes de jubilación, están bajo su administración; informe con el que seguramente al Presidente Luis Arce se le hizo agua la boca; y que, como insinuaba Doria Medina en su publicación, está financiando el déficit público que arrastramos hace más de diez años.
Está claro, sin embargo, que a casi seis millones de trabajadores, de los siete millones que forman el universo de la población trabajadora del país (de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo de 2023 del INE), que se los denomina “informales” (cuentapropistas suena más digno), no les interese estos números ni sus consecuencias, pues ya asimilaron su condición y son parte de las víctimas del célebre Modelo Económico Social Productivo, implantado desde 2006.
Pero esta vez, tomaré la palabra por el apenas un millón de trabajadores que cuentan con la fortuna de tener un empleo “digno” (están apoyados por la Ley y cuentan con prestaciones sociales) y los más de doscientos mil jubilados que actualmente reciben su renta – menos de la que deberían, pero ese es otro tema – en las ventanillas de la Gestora.
Entendemos por una parte, que el Presidente Arce tenga que pagar las cuentas acumuladas del derroche Evista (cuando él era el “Cajero”, de acuerdo al mismo Evo), pero lo que no entendemos es que, a pesar de la lección aprendida, siga pagando los gastos de un Estado gigante y la creación de más empresas deficitarias e inviables; y es peor, cuando lo hace con la plata de los aportes de los ciudadanos.
Esto, para los que no sepan, se llama “Deuda Pública Interna”, y tiene la característica de ser adquirida de manera muy simple - el Presidente le ordena dar dinero al TGN con una llamada al Gerente de la Gestora - al contrario de la Deuda externa, que emerge de instituciones y países extranjeros que miden la solvencia (capacidad de pago) de un país y que, como informan las calificadoras autorizadas, nuestro país tiene muchas dificultades de alcanzar.
Por supuesto que “la llamada del Presidente” pasa por procesos burocráticos y la emisión de Bonos para el TGN y Banco Central (Deuda Interna), papeles con los cuales el Gerente de la Gestora jurará ante la bandera, que la plata de los jubilados está segura, pero veamos los números.
Entre las gestiones de 2016 y 2019, el TGN adquirió (le desembolsaron) deuda interna por un promedio anual de 5,5 mil millones de Bolivianos; sin embargo, entre las gestiones 2020 y 2023, el promedio fue de 40,6 mil millones de Bolivianos. Asusta que la obtención de deuda interna en la gestión 2023, sea de más de 50 mil millones de Bolivianos (fue el ingreso más importante del Gobierno); lo que derivaría en que el Estado cuente con un saldo actual de deuda pública interna que se acerca a los 19 mil millones de dólares, deuda de Luis Arce y el fallido modelo a los ciudadanos aportantes.
Si sumamos esta deuda interna a la externa, veremos que la deuda pública de Bolivia ya se acerca al 80% del PIB y que la tendencia es nomás a vivir y gobernar “al fiado” por un año más. Esperemos que el siguiente gobierno tenga el valor de cortar esto, eliminar los gastos superfluos, dejar de hacer politiquería, sincerar nuestra situación económica y darle sepultura a un modelo que no ha funcionado.
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