Enero 11, 2025 -H-

Gobierno de Lula emplaza a Meta a definir su política sobre la restricción o no de las fake news


Sábado 11 de Enero de 2025, 6:30am






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La empresa Meta, responsable de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, tendrá 72 horas para aclarar las dudas del gobierno brasileño sobre el cambio en las políticas de moderación de contenidos anunciado por el CEO Mark Zuckerberg. La notificación que fija el plazo será presentada este viernes (10) por la Procuraduría General de la República (AGU), informó Palácio do Planalto.

“Presentaremos una notificación judicial y la empresa tendrá 72 horas para informar al gobierno brasileño cuál es, efectivamente, la política de Meta para Brasil”, informó el fiscal general del sindicato, Jorge Messias, después de participar, en Brasilia, de una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Ministro Principal de la Casa Civil, Rui Costa (foto).

Según Rui Costa, el gobierno está muy preocupado por el anuncio de que Meta ya no controlará los contenidos. “Esto tiene un impacto enorme en la sociedad brasileña. Afecta a los niños cuando se trata de contenido inapropiado y trata de niños. Impacta la seguridad pública, cuando se trata de información que concierne a la seguridad de las personas, la práctica criminal”, dijo Costa. También citó ejemplos de impacto que involucran los más diversos tipos de discriminación por motivos de raza, credo, género y región, que terminan promoviendo discursos de odio.

Brasil ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas digitales en agosto de 2024, cuando un juez de la corte suprema ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por desobedecer órdenes judiciales relacionadas al combate de la desinformación.

La medida estuvo vigente por 40 días y fue levantada cuando la compañía estadounidense reculó. En ese lapso, la Justicia amenazó con imponer multas diarias equivalentes a unos 9.000 dólares a quienes intentaran burlar el bloqueo usando "subterfugios tecnológicos", como redes privadas virtuales (VPN).

El ministro también mencionó el caso del uso de inteligencia artificial para producir un video con información falsa atribuido al ministro de Finanzas, Fernando Haddad. Según Costa, vídeos como este impactan incluso en la economía del país.

“La gente acaba sin poder distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Esto termina impactando al país, la nación, la gente y la economía. Estamos hablando de soberanía nacional”, enfatizó.

Ante la situación, el gobierno pretende crear un grupo de trabajo que involucre a los ministerios y al sector de comunicaciones, en la búsqueda de mejorar el marco legal brasileño. “Buscaremos el diálogo con entidades que representan a los medios de comunicación en general, incluida la prensa brasileña, buscando mantener el principio fundamental de la democracia que es la total libertad de expresión. No puede haber diferencia de trato entre una televisión que opera en Brasil, sujeta a un conjunto de regulaciones, y alguien que tiene un alcance gigantesco [de las redes sociales]”, argumentó.

Sin embargo, destacó el ministro, la libertad de expresión de opinión sobre cualquier tema no significa ausencia de responsabilidad por los crímenes cometidos.

El fiscal general de la Unión afirmó que la sociedad brasileña no quedará a merced de este tipo de políticas que el Meta intenta implementar. “Nuestra preocupación en este momento es que la empresa salga a bolsa [para manifestarse claramente], ya que no ha sido transparente en ningún momento”.

Según Jorge Messias, la AGU presentará hoy una notificación para que Meta explique a las autoridades brasileñas qué hará la empresa para proteger a niños, adolescentes, mujeres y pequeños comerciantes, entre otros, que utilizan la plataforma como modelo de negocio.

“Hay una serie de personas que utilizan con frecuencia esta plataforma y que supuestamente serán muy vulnerables a la nueva política. No sabemos claramente cuál es la nueva política debido a la falta de transparencia de esta empresa”, argumentó, recordando que Brasil tiene una legislación muy estricta para proteger a este tipo de audiencias.

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