22 de abril (Agencia RB)- Inmobiliaria Kantutani S.A. desmintió de forma categórica la versión difundida en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta aparición de lápidas del Cementerio Los Andes en terrenos de la urbanización Santa Cecilia, atribuyendo esta acusación a una estrategia deliberada del alcalde de La Paz, Iván Arias, para eludir su responsabilidad en la tragedia ocurrida en noviembre pasado en Bajo Llojeta.
La empresa aclaró que las lápidas mostradas en un reciente video viral no pertenecen a entierros ni fueron utilizadas en el Cementerio Los Andes, como se ha insinuado. Se trata, según explicó Kantutani, de material en desuso, retirado por solicitud de familiares del Cementerio Jardín y almacenado en depósitos de la empresa, desde donde fue sustraído sin autorización. Estas piezas habrían sido luego utilizadas en una puesta en escena mediática que buscaba vincular a la empresa con las inundaciones del 23 de noviembre de 2024.
“La información difundida es falsa y ha sido utilizada con el único fin de generar confusión y desviar la atención pública. Rechazamos esta maniobra y lamentamos el uso doloso de nombres de personas fallecidas, lo que representa una grave falta de respeto hacia sus familias”, expresó la compañía mediante un comunicado.
La emergencia de noviembre, que dejó viviendas anegadas y cuantiosos daños en la zona de Bajo Llojeta, dio lugar a una investigación penal que actualmente imputa formalmente al alcalde Iván Arias por delitos vinculados al incumplimiento de deberes y negligencia en el mantenimiento del embovedado del río Pasajahuira. Esta infraestructura colapsó tras intensas lluvias, generando una avalancha de agua y lodo.
Peritajes técnicos incorporados en el proceso judicial descartan cualquier relación entre los terrenos de Kantutani y el origen de la emergencia. La distancia geográfica entre el Cementerio Los Andes y la zona afectada hace inviable cualquier vínculo estructural o hidráulico.
Además, un tribunal constitucional que conoció el caso mediante una Acción Popular ya había determinado previamente que la Alcaldía tenía la obligación de implementar acciones preventivas y correctivas, hecho que, según el fallo, fue incumplido por la gestión municipal.
“La justicia ya ha determinado quién es responsable. En lugar de asumir las consecuencias, el alcalde ha optado por sembrar pruebas falsas para crear un caso inexistente contra nuestra empresa”, afirmó Kantutani.
La inmobiliaria anunció que su equipo legal activará las acciones correspondientes por el uso fraudulento de este material y por la difusión de información falsa que afecta su reputación.
Finalmente, Kantutani exhortó a los medios de comunicación a contrastar versiones, verificar fuentes y actuar con responsabilidad al momento de informar. La empresa reiteró su compromiso con la verdad, el respeto a las familias paceñas y la transparencia ante las autoridades competentes.
