29 de julio (El País).- La Fiscalía ha formalizado este viernes su escrito de acusación contra Shakira, en el que solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana por seis delitos contra la Hacienda pública. Después de que se esfumara la posibilidad de un pacto ―Shakira rechazó la última oferta, que suponía evitar el ingreso en prisión―, el ministerio público concluye que la artista defraudó 14,5 millones de euros esos años al evitar el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. Además de la pena de cárcel, que en caso de condena firme podría suponer su ingreso en prisión, solicita el pago de una multa de 23,7 millones de euros.
La acusación atribuye a Shakira seis delitos contra la Hacienda pública con dos agravantes: por la elevada cuantía de la defraudación y por la “utilización de personas jurídicas interpuestas”, o sea, de sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos. La Fiscalía, sin embargo, aprecia también una circunstancia atenuante que ha permitido rebajar las penas de prisión: la reparación del daño, ya que la artista puso a disposición del juzgado 17,2 millones para hacer frente a eventuales responsabilidades. La fiscal ha solicitado que, en el juicio, se interrogue a Shakira y a un total de 37 testigos, algunos de ellos por videoconferencia.
La presentación del escrito de acusación supone que, en las próximas semanas, el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ha investigado los hechos dictará auto de apertura de juicio oral. Eso significa entre otras cosas que, si hay pacto de última hora, Shakira tendrá que sentarse de todos modos en el banquillo de los acusados, aunque sea solo para refrendarlo. Todo apunta, sin embargo, a que el juicio se desarrollará con normalidad. La cantante ha criticado duramente a la fiscalía ―a la que acusó de “intransigente” y de emplear “medios indebidos para presionar”―, y persigue la absolución completa. Pese a la exposición mediática que supone una vista oral de esas características, tiene la determinación de llegar hasta el final, trasladan fuentes de su entorno.
La Fiscalía concluye que, entre 2012 y 2014, Shakira eludió el pago de impuestos (IRPF y patrimonio) por valor de 14,5 millones. La tesis de la acusación es que en ese periodo había iniciado ya su relación con el jugador del Barça Gerard Piqué y había establecido su residencia en España a efectos fiscales. La prueba, siempre según la tesis de la acusación, es que esos años pasó aquí 183 días o más, el requisito que fija la ley para que alguien sea considerado residente fiscal. Ese es el gran elemento de discusión en este caso. Shakira ha alegado desde el principio de la investigación que disponía de residencia legal en Bahamas.
La acusación se apoya en los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria, que analizaron el día a día de Shakira a través de su asistencia a peluquerías y salones de belleza, de sus visitas a la clínica Teknon durante el embarazo de su primer hijo o de pruebas documentales, como el alquiler de un estudio de grabación cerca de Barcelona. Los técnicos rastrearon, además, las redes sociales de la artista, que permiten situarla en España la mayor parte de días del calendario.
Empresas en paraísos fiscales
En su escrito, la Fiscalía detalla que Shakira Isabel Mebarak Ripoll vivió de forma permanente en Barcelona desde 2012 y desde el año siguiente en Esplugues, donde compró una casa junto a Piqué. El primer hijo de la pareja, Milan, fue inscrito ese año en el registro civil de Barcelona. Como artista internacional, Shakira debía viajar a menudo al extranjero. Pero la acusación las considera “ausencias esporádicas”. Con excepción de su participación en el programa The Voice, en Estados Unidos, se trata de “estancias muy cortas”. “Una vez concluidas sus actividades profesionales o de ocio, volvió inmediatamente a España”, sigue el escrito.
Tal como ya mencionó en su querella inicial, la Fiscalía sostiene que la artista empleó un “entramado societario” para “ocultar” a Hacienda las rentas que percibía. Esas empresas ―algunas, subraya el escrito, ubicadas en paraísos fiscales― eran las titulares formales de las rentas obtenidas por la actividad profesional de la cantante en todo el mundo. La acusación cita un total de 14 sociedades ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, Malta, Luxemburgo, Estados Unidos o Panamá.
La tesis de la cantante
La defensa de Shakira ha intentado, sin éxito, evitar que el caso llegara a juicio. Recibió el mazazo definitivo en mayo, cuando la Audiencia de Barcelona confirmó la existencia de indicios suficientes como para sentarla en el banquillo de los acusados. La cantante se mantiene firme en la defensa de su inocencia. Asegura que siempre ha mostrado “plena disposición de solventar cualquier diferencia” con Hacienda y que pagó inmediatamente, aun antes de saber cuál de las partes tenía razón, los 17,2 millones que le reclamaba la Agencia Tributaria para cubrir su responsabilidad en caso de condena.
La estrategia de Shakira pasa por asegurar, también, que siempre actuó siguiendo “fielmente las recomendaciones de los mejores especialistas y expertos asesores de PriceWaterhouseCoopers”, aunque lo cierto es que ninguno de ellos ha sido procesado y ni siquiera investigado en la causa. Su defensa insiste en que, durante los tres años bajo sospecha, Shakira “nunca permaneció el tiempo exigible según la norma” por sus “compromisos internacionales”, y acusa a la Fiscalía de emplear pruebas “indirectas” para intentar demostrar su culpabilidad. Ese y otros argumentos formarán parte del escrito de defensa que la cantante deberá formalizar en las próximas semanas para responder a la acusación de la Fiscalía, pero también de la Abogacía del Estado (que actúa en nombre de Hacienda) y de la Generalitat (que recauda el impuesto sobre el patrimonio).
