Hace unos días, el Banco Central de Bolivia (BCB), ha otorgado un crédito de emergencia al Gobierno Central por 7.000 mil millones de bolivianos, cuyo objetivo es financiar los gastos, programas y diferimientos que se están generando para paliar los efectos económicos de la cuarentena.
Ahora bien, contrariamente a lo que algunos analistas suponen, este crédito no ha sido con cargo a las Reservas Internacionales Netas (RIN), sino que implica emisión monetaria, y aunque es cierto que la intuición básica de cualquier economista nos diría que introducir a la economía esta cantidad de dinero puede generar una serie de consecuencias indeseadas, en una coyuntura como la actual esto no es tan así. Me explico:
Lo que vivimos hoy no es una crisis normal, ya que se han juntado factores sanitarios, económicos y logísticos. En mundo completamente globalizado, las medidas sanitarias para contener el contagio del coronavirus han obligado al cierre de fábricas y negocios, pero también han parado completamente las cadenas logísticas en gran parte del mundo. Esto, que en jerga económica se llama shock de oferta, muy probablemente va a estar acompañado también de un shock de demanda, ya que muchos trabajadores y pequeños emprendedores que en este momento no están recibiendo ingresos podrían quedarse sin empleo y capital.
De la misma manera, aun cuando se ha tratado de preservar al máximo la provisión de bienes esenciales, los cierres de fábricas y fronteras, junto con las cuarentenas nacionales, han dejado al desnudo la fuerte dependencia de muchas economías de productos importados, que en algunos casos son esenciales, por ejemplo, para los sistemas de salud. Por eso, es previsible que gran parte de estas economías vayan a tratar de repatriar esa producción, incluso pagando por encima del costo actual, por lo que la inflación quizás suba.
Es por esto que prácticamente todas las economías del globo han desplegado un conjunto de medidas extraordinarias para sostener sus economías. Los gobiernos están apoyando con transferencias monetarias a las familias; diferimientos y exenciones de impuestos, así como créditos blandos a las empresas. Para financiar esto, y dado que los mercados de capitales también han mostrado volatilidades extraordinarias, están recurriendo, en la mayoría de los casos al financiamiento de sus bancos centrales.
Es precisamente eso lo que hemos hecho: inyectar recursos extraordinarios para una situación extraordinaria; pero además hay que considerar algunas particularidades de nuestra economía, tanto de la coyuntura como de estructura, que validan aún más la decisión.
En primer lugar, Bolivia ha tenido una inflación relativamente baja en los últimos años. Esta afirmación no solo se sustenta en las cifras del INE, sino en el propio comportamiento del mercado, que en periodos de ventas altas, como diciembre por ejemplo, tuvo que recurrir a descuentos y ofertas para poder vender. Esto, que en principio era el resultado de una fuerte desaceleración, restricciones innecesarias impuestas a lo largo de 14 años y creciente incidencia de productos importados en la canasta familiar, ahora, ante el cambio en las condiciones, nos da espacio para la inyección de liquidez.
Por otro lado, la actual coyuntura demanda medidas que permitan paliar el corte abrupto de ingresos que ha sufrido una gran parte de la población. La informalidad en Bolivia está entre el 70 y 80% (según el indicador que se use), a lo que hay que agregar que los trabajadores que perciben ingresos con frecuencias diarias, semanales o quincenales, rondan el 40% del total de ocupados en el país, por lo que es claro que las transferencias que se dan van a cubrir consumo básico y por lo tanto de productos que provienen del aparato productivo nacional.
En este contexto, aunque estamos conscientes que es necesario retomar los equilibrios macroeconómicos que se habían descuidado, sobre todo desde 2014, también entendemos que la actual coyuntura demanda enfocar los esfuerzos en la protección del empleo y de aquellos que lo generan.
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