La Paz, 9 de agosto (Urgentebo).- La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, indicó que los hijos engañan a sus padres, cuando éstos ya son adultos mayores y pierden algunas de sus facultades, para despojarlos de sus bienes y así quedarse con sus propiedades. Les obligan a firmar o hasta pagan a falsos abogados para quitarles sus posesiones.
La principal razón de maltrato es cuando los hijos buscan una herencia y de esta manera buscan cómo quitarles a sus padres sus casas, dinero, terrenos, entre otros, dijo.
Explicó que las agresiones mayores que sufren los adultos mayores y que han sido registradas en la Defensoría del Pueblo a nivel Departamental en los últimos siete meses son de carácter psicológico y físico, además del abandono de los hijos hacia los padres.
"Hemos registrado casos muy dolorosos, uno de ellos fue en Chulumani que fue de los hijos hacia sus padres de ochenta años, quienes pagaron a los fiscales y abogados para quitarles sus tierras y su casita donde ellos vivían, nosotros tuvimos que acudir e interceder para poder ayudar a estos adultos mayores", contó.
“Nosotros tenemos el deber y el compromiso de ayudar en estos casos a las personas vulnerables que están siendo despojadas de sus derechos”, indicó.
Según las estadísticas que maneja la Defensoría del Pueblo, durante los últimos siete meses de este año se registraron al menos 50 denuncias de maltrato hacia las personas adultas mayores.
Subieta señaló que cada mes al menos se registraron siete a ocho denuncias sobre diversos maltratos que se cometieron hacia ancianos.
Según los datos brindados por la página web de la Defensoría del Pueblo, los Adultos Mayores constituyen un 8,2% de la población boliviana (893.696 personas). En el año 2013 se aprobó la ley General de las Personas Adultas Mayores y se promulgó el Decreto Supremo que la reglamenta. Esta norma tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Sin embargo, hasta septiembre del 2016 la Defensoría del Pueblo había atendido 600 denuncias de derechos vulnerados al adulto mayor.
