La Paz, 04 de noviembre (Revista Oxígeno).- “Estoy en la cárcel desde hace dos años por robo agravado. Tengo dos hijos de 4 y 6 años. Al principio, mi pareja venía a visitarme con ellos; pero a los dos meses de que me encerraron, dejó de hacerlo. Cuando le pregunté a mi abogado, me dijo que estaba saliendo con otra mujer. Entonces, pedí que me trajeran a mis niños para que no sean un estorbo para nadie. Desde ese día, el maldito no dio la cara”, cuenta María (nombre convencional), una reclusa del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, que compartió su historia, una de las tantas que quedó marcada por el abandono”.
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Una imagen frecuente de la cárcel de Obrajes
Ser mujer en la cárcel tiene una doble pena: El castigo por cometer un delito y el olvido de la familia. A diario, uno pasa por las puertas de las penitenciarías femeninas de Obrajes y Miraflores y se encuentra con espacios desolados. Uno que otro familiar espera en la puerta. Es notoria la escasa presencia masculina en comparación con lo que ocurre en el penal de San Pedro, donde no existe un día en que mujeres y familiares aguarden en la fila el horario de ingreso para visitar a sus esposos, padres, hijos o hermanos.
El encarcelamiento de mujeres se traduce generalmente en familias desestructuradas. Muchas veces, los hijos y las hijas quedan al cuidado de familiares o en hogares de acogida, cuando no acompañan a sus madres dentro de los recintos penitenciarios. De hecho, muchas mujeres privadas de libertad siguen asumiendo responsabilidades relacionadas con el cuidado de hijos y de otros familiares desde la cárcel, lo cual las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunas también experimentan el abandono de sus familias y parejas, debido a la preeminencia de una cultura machista basada en estereotipos de género. El estigma social es un problema que dificulta la reinserción de las mujeres después de su liberación.
En la ciudad de La Paz, existen dos centros de reclusión femenina: el Centro de Orientación Femenina de Obrajes que tiene una población de 258 reclusas y el Centro de Reclusión de Miraflores con 77 encarceladas, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, sumando un total de 419 privadas de libertad. De ese total, 62 (15%), no reciben visita por parte de sus parejas y otras 20 (5%) no tienen registrado a ningún familiar en su Kárdex; pero, aun así, cuentan con la posibilidad de recibir a personas.
En cambio, en la cárcel de San Pedro, donde la población hasta 2018 registraba a 2.461 reclusos, el 90% recibe visita, según su cuaderno de registros y el resto no cuentan con la misma suerte por tratarse de internos del extranjero o del interior del país.
Gladys Uría, psicóloga de familia, explica que el abandono tiene que ver con el rol que juega la mujer en la familia, es decir, que cuando una madre entra a la cárcel ya no puede asumir su rol de protectora del hogar y la hace más vulnerable al abandono.
“Cuando una madre entra a prisión, pierde su función de pilar del hogar, de protectora; por tanto, es vista por su esposo, por los hijos como una baja, como una pérdida que necesita una sustituta”, indicó.
Con respecto a la situación de los hombres, Uría considera que pesa un tema cultural machista. Por ejemplo, la mujer, si roba para alimentar a sus hijos es mal vista, cuando debería ser al igual que con el hombre, que cuando roba para alimentar a su familia, se lo considera un “héroe” y sigue siendo apreciado como cabeza de la familia aún con la ausencia.
Una extrabajadora social de la cárcel de Obrajes, quien pidió mantener su identidad en reserva, explica que son los estigmas sociales los que aíslan a las mujeres en prisión, quienes al dejar de cumplir el rol que ocupaban como esposas, madres o hijas, son vistas como culpables del encierro y, por ello, merecedoras de un aislamiento total.
“Recuerdo que había una mujer que estaba encerrada por asesinato. Ella era de una comunidad, tenía cuatro hijos, pero su esposo nunca vino y ni siquiera sus familiares dejaron que ella pueda convivir con ellos. Al final, decía que si algún día salía de ese lugar buscaría a sus hijos, pero que no se quedaría en su comunidad por temor al rechazo y es que somos así, los estigmas sociales aíslan a las mujeres en prisión, quienes dejan de cumplir el rol que ocupaban como esposas, madres o hijas, por lo que son vistas como culpables del encierro y por ello, merecedoras de un aislamiento total”, explicó.
Madres ante todo
María hoy trabaja en la lavandería. Dice que le costó entrar ahí, pues es uno de los lugares que mayores ingresos generan a diferencia de la cocina, artesanías, costura, tejidos, vendedoras y hasta taxistas.
“Es un conflicto diario. La mayoría apunta a este rubro, porque se puede generar hasta 4.000 bolivianos mensual. El sacrificio incluso es el doble, pero lo vale para dar un plato de comida a nuestros hijos”.
El prediario de las reclusas es de Bs 6,50, el equivalente a 1 dólar; pero, esto es sólo para ellas, así que deben darse modos para poder alimentar a sus hijos que buscan la manera de distraerse en el patio del recinto con un balón improvisado echo de varios papeles.
“Simplemente, sé que nunca más cometeré un delito, para que mis hijos no tengan que sufrir nunca más este calvario que nos tocó vivir”, dice mientras unas lágrimas caen por sus mejillas.
Relaciones homosexuales
Roxana es otra de las reclusas que guarda detención aún sin condena desde hace cinco años. Ella procreó un hijo con su pareja, quien, en reiteradas ocasiones, la maltrataba e incluso una vez casi la mata. Fue por eso que decidió escapar de ese tormento junto a su hijo. Pasado un tiempo, conoció a otro hombre con quien enamoraba; sin embargo, ella debía hacerse cargo de los gastos de su pequeño y les ofrecieron un trabajo como tragona, pero la sorprendieron en la frontera. En ese momento, perdió no sólo su libertad, también a su hijo, quien hoy vive en un hogar y su pareja quien está libre.
“Ese odio que tengo por ellos y mis necesidades me llevaron a comenzar una relación con otra reclusa, quien como yo lleva cerca de 9 años encerrada. Nos acompañamos, sólo espero que al salir pueda ver a mi hijo”, dice resignada, escondida en unas gafas oscuras y una gorra.
“Mil veces preferí que esté en un hogar a con su padre. No quise que tenga madrastra porque si me pegaba, quizás podría matarlo y mi familia, es solo para el momento, ni siquiera me visitan”, dice.
Este tipo de situaciones, según Uría, motiva a que las mujeres busquen otro tipo de cariño y consuelo en el penal e inclu-so ante este abandono que sufren se vuelven reincidentes ya que una vez que salen y ven todo perdido, deciden volver al penal con aquellas parejas a las que tuvieron que dejar.
Datos generales
Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia, hasta junio de 2017, más de 1.300 mujeres estaban privadas de libertad, constituyendo el 7,9% del total de personas recluidas a nivel nacional. Esta cifra es mayor al pro-medio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región.
En Bolivia, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social como el microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles de Bolivia no representa un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad. Del total de mujeres recluidas, el 38% está por delitos relacionados con drogas, mientras que el 28% se encuentra en la cárcel por delitos contra la propiedad. La gran mayoría de estos delitos se consideran generalmente como delitos menores.
Es importante señalar que en Bolivia el 70% de las mujeres privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva. Sin embargo, en muchos casos el arraigo de las mujeres procesa-das podría ser demostrado recurriendo a otros criterios más coherentes con la realidad social del país. El uso desproporcio-nado e injustificado de la detención preventiva constituye una violencia institucional que tiene consecuencias dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno familiar.
Frente a esta situación, las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia han aportado algunas respuestas en los últi-mos años, demostrando una voluntad de encontrar soluciones a la excesiva vulnerabilidad de las mujeres de bajos recursos frente al sistema de justicia penal. Entre 2012 y 2015, un total de 1.288 mujeres se beneficiaron de cuatro leyes de indulto. Asimismo, la Cumbre Nacional de Justicia Plural, realizada en junio de 2016, señaló la necesidad de humanizar las condicio-nes de vida en los centros penitenciarios y de adoptar medidas para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad al interior de los recintos, en particular las mujeres.
Muchos de los sistemas penitenciarios en el mundo han sido diseñados desde un enfoque masculino, sin considerar las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad. Desde 2000, la población carcelaria femenina a nivel mundial ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la población masculina. El endurecimiento de las políticas de justicia penal en todo el mundo ha supuesto que un número creciente de mujeres sean encarceladas.
Las mujeres son vulnerables frente a los sistemas de justicia penal. En muchos países, ellas no gozan de un acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los varones, debido principalmente a barreras culturales, de idioma y de recursos. Las necesidades específicas de las mujeres no son adecuadamente atendidas en muchas cárceles del mundo, sea en materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, salud mental, salud sexual, educación y trabajo.
