Históricamente, Argentina ha sido uno de los principales destinos para los migrantes bolivianos en busca de mejores oportunidades económicas y sociales. En particular, las mujeres migrantes bolivianas han sido protagonistas en sectores clave como el trabajo doméstico, la costura y el comercio informal. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la presidencia y su retórica ultraliberal y antiestatista, su situación se ha vuelto aún más vulnerable.
La eliminación de ministerios clave, los recortes en políticas sociales y el endurecimiento del discurso antiinmigrante han puesto en jaque los derechos y la estabilidad de miles de mujeres bolivianas que viven y trabajan en Argentina.
Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Javier Milei ha implementado un feroz plan de ajuste económico, reduciendo el papel del Estado y desmantelando programas de asistencia social. La eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), así como el recorte de presupuestos en educación, salud y asistencia a migrantes, han dejado a muchas mujeres bolivianas en una situación de mayor precariedad e indefensión.
Las mujeres migrantes bolivianas, muchas de las cuales trabajan en el empleo doméstico y la industria textil, han sido particularmente afectadas. La devaluación del peso argentino y el encarecimiento del costo de vida han reducido drásticamente su poder adquisitivo, mientras que la falta de regulación laboral las expone aún más a condiciones de explotación y abuso.
A esto se suma la incertidumbre en torno a su estatus migratorio. Si bien Argentina históricamente ha tenido políticas migratorias progresistas, el discurso de Milei y algunos de sus aliados políticos sugiere un posible endurecimiento de las leyes migratorias, lo que podría dificultar la regularización y el acceso a derechos básicos como salud y educación para miles de migrantes bolivianos.
El trabajo informal y precarizado es la realidad cotidiana de muchas mujeres bolivianas en Argentina que son las más expuestas a la vulnerabilidad. La falta de protección laboral las expone a jornadas extenuantes, bajos salarios y ausencia de seguridad social. Muchas trabajan en condiciones de semiesclavitud en talleres textiles clandestinos o como empleadas domésticas sin contrato formal.
A esto se suma la discriminación y el racismo, que persisten en la sociedad argentina. Las mujeres bolivianas suelen ser víctimas de estereotipos raciales y de género, lo que limita sus oportunidades de empleo y acceso a derechos. La desaparición de instituciones como el INADI dificulta aún más la denuncia de estas situaciones.
Además, el ajuste económico afecta directamente a la educación y la salud pública, dos pilares fundamentales para la integración de la comunidad migrante. Con la reducción de presupuestos en estos sectores, muchas familias bolivianas podrían ver restringido su acceso a servicios esenciales, dejando a sus hijos e hijas en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
A pesar de este panorama sombrío, la comunidad boliviana en Argentina ha demostrado históricamente una gran capacidad de organización y resistencia. Las mujeres migrantes han sido clave en la formación de redes de apoyo, cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias que han permitido enfrentar la explotación laboral y la discriminación.
Las movilizaciones en contra de las políticas de ajuste de Milei han contado con la participación activa de migrantes, quienes exigen derechos laborales, acceso a la salud y el respeto a su condición migratoria. La presión social y la organización comunitaria podrían jugar un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres bolivianas en el contexto actual.
El desafío es claro: la lucha por los derechos de las mujeres migrantes bolivianas no debe detenerse, sino fortalecerse frente a las nuevas amenazas.
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