La Paz, 1 de febrero (Urgentebo).- El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, indicó hoy que "no existen riesgos" de deportaciones masivas de ciudadanos paraguayos desde Argentina o Estados Unidos, después de que ambos Gobiernos recrudeciesen sus normativas migratorias para evitar que extranjeros delincan en esos países.
"En cuanto respeten las normas internas y no entren en algún acto de inconductas que sean ilícitas, no creo que corran riesgos de deportación", dijo Loizaga a una radio local, según informó la Cancillería a través de un comunicado.
En el caso estadounidense, el canciller explicó que los paraguayos residentes en el país, regulares o irregulares, "pueden estar tranquilos desarrollando sus actividades" mientras no incurran en ningún delito.
Esta situación se dio luego de que el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una orden el viernes pasado que suspende la acogida de refugiados, detiene la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y acelera la deportación de extranjeros que enfrenten sanciones civiles o penales.
En el caso argentino, Loizaga destacó que los ciudadanos paraguayos son miembros del Mercosur, un bloque regional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, cuyo fin es la libre circulación de bienes y de personas, señaló la fuente.
"No solamente se le aplicará a los paraguayos, se le aplicará a todos. Nosotros también en nuestra ley migratoria tenemos disposiciones que autoriza la expulsión de delincuentes o personas condenadas, porque nadie quiere tener en su país delincuentes", dijo Loizaga.
Asimismo, desde la Cancillería destacaron que la nueva normativa migratoria que Argentina ha incluido en su sistema jurídico "merecerá estudio y seguimiento".
Loizaga destacó que la semana pasada habló con su homóloga argentina, Susana Malcorra, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericano y del Caribe (Celac) y le mostró su preocupación sobre la nueva legislación.
El presidente argentino, Mauricio Macri, firmó este lunes un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos graves, como el narcotráfico, problema que el Ejecutivo se ha planteado erradicar.
