El cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, será cremado a una semana de su muerte. Esto, luego de que Ejecutivo promulgara la Ley N° 31352, que incorpora el artículo 112-A a la Ley General de Salud, a fin de establecer la cremación como el protocolo para los cadáveres de aquellos que fallezcan mientras cumplen condena por traición a la patria o terrorismo en condición de cabecilla o integrante de la cúpula de grupos terroristas, y cuyo sepelio ponga en riesgo a la seguridad nacional.
La normativa fue publicada ayer en una edición extraordinaria de normas legales de El Peruano, y cuenta con la firma del presidente de la República, Pedro Castillo –que suscribió la propuesta del Legislativo previo al viaje a EE.UU.–, y del premier Guido Bellido. Un día antes, había sido aprobada por el Pleno del Congreso.
Al respecto, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao precisó que emitirá la disposición sobre el destino final del cuerpo del senderista tras culminar “con las diligencias pendientes”.
Será la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior quienes se encarguen de retirar el cuerpo.
NO TERMINA AQUÍ
Al interior del país, en las rejas de la sede del Museo de la Memoria de Huancayo, desconocidos dejaron una banderola que decía: “¡Honor y gloria al presidente Gonzalo! ¡Por el derecho a un entierro justo!”. El mensaje llevaba la firma del Movadef, y fue retirado al mediodía de ayer por la Policía.
El analista sobre temas de terrorismo y lucha contra el narcotráfico, Pedro Yaranga, explicó que este problema no acaba con la muerte de Guzmán. “Esto se debe difundir en todo el Perú, sobre todo entre los partidos políticos. Necesitamos partidos sólidos con principios, para evitar malos elementos. También se debe incorporar el informe final de la CVR en la educación básica y superior”, dijo a Perú21.
Agregó que si bien la norma que permitiría cremar los restos de terroristas es importante, el Ejecutivo pudo actuar antes. “Este protocolo debió haberse hecho con tiempo. El Ejecutivo dijo que no se iba a meter y ese fue un gran error. Se pudo haber resuelto con un decreto supremo, tomando en cuenta los antecedentes de otros países”, sostuvo.
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