30 de diciembre (Urgente.bo).- Por segunda vez, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 entrará en vigencia desde este enero de forma automática y mediante un Decreto Supremo como manda la Constitución Política del Estado (CPE) ante la falta de tratamiento y consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a las críticas de parte del empresariado privado, legisladores y ciudadanos.
“Lo que establece la CPE es que el Órgano Ejecutivo tiene que enviar hasta 60 días antes del cierre del año para poder considerarlo y aprobarlo, en caso de que no se apruebe, la constitución establece que ese presupuesto se dé por aprobado y entre en vigencia. Eso es lo que ha sucedido este 2024”, mencionó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en la jornada de este domingo.
Para el diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Erick Pedrazas, la falta de tratamiento demuestra la ausencia de consensos dentro de la Asamblea y el “abandono del Órgano del Estado hacia las políticas que tiene el Gobierno. Es el segundo año donde el Ejecutivo define aprobar un presupuesto evitando un debate en la Asamblea”.
Además, cuestionó el papel de la presidencia de la Cámara Baja que evitó convocar a sesión “debido a su alianza con el arcismo” y en medio de las riñas internas entre los legisladores de la ALP.
El diputado señala al menos tres puntos importantes incluidos dentro del PGE 2025 que podrían agravar la situación económica, política y electoral del nuevo año.
“El primero es que tiene un presupuesto netamente centralista, no distribuye de manera equitativa ni deja que las gobernaciones y alcaldías, que son instancias que tienen contacto directo con la población respecto a sus necesidades, puedan tener un presupuesto aceptable y conforme a la propia Constitución, sea una autonomía real la que permita la ejecución de estos recursos y no un centralismo asfixiante que se lleva más del 74% del presupuesto”, señaló a Urgente.bo.
Por otro lado, agrega el diputado, que el presupuesto distribuye casi el 72% para el gasto público o corriente, que demuestra un aparato burocrático que “prioriza a su propio Estado antes que la población como tal“.
A la par, también se aprobará la polémica disposición adicional séptima de la ley financiera del Presupuesto General del Estado 2025 cuestionada por el sector productivo de Bolivia.
Dicha disposición otorga facultades a las entidades estatales para ejecutar acciones de control, fiscalización, e incluso confiscación o decomiso de productos a quienes almacenen o encarezcan alimentos esenciales.
“El PGE no prioriza los temas de fondo que son: la inversión, el mejoramiento transversal de la educación y la salud, y siguen insistiendo en un modelo que no da resultado”, finalizó.
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