La Paz, 4 de mayo (Urgentebo).- El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, manifestó este viernes que hay vacíos legales en la Ley de Creación de Empresas Sociales promulgada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo. Dijo que una reglamentación no resolverá el caracter confiscatorio de esta ley que llevó a que algunos dirigentes anuncien que hay más de 100 empresas pueden pasar a manos de los trabajadores. Y propuso que el Estado boliviano financie la consolidación a las empresas sociales.
La normativa establece que, a pedido de los trabajadores, un juez laboral puede intervenir una empresa que se hallle en quiebra o cuando el empresario la cierre o abandone sin justificación alguna.
“Nos han escuchado, pero no nos han hecho caso. Hay agujeros y espacios no tratados en la Ley. No pueden ser cubiertos por una reglamentación (…). La ley tiene muchos vacíos, hemos hecho notar que todo los elementos que puedan considerar incluyendo la necesidad de financiamiento de la empresas sociales”, declaró el empresario al portal digital Urgentebo.com.
El inciso V del Art 11 de la Ley de Empresas Sociales, dice que el juez de materia laboral dispondrá “la transferencia de un contrato de dación en pago, con arreglo al artículo 307 del Código Civil a los trabajadores y trabajadoras, quienes adquieren la propiedad de los activos y la obligación de satisfacer al pasivo de la misma, hasta el monto del activo”.
Este es otro de los vacíos que existe, según Pou Mont, en la norma porque no aclara que pasará pasa con los activos y pasivos de una empresa en quiebra. De acuerdo con el empresario solo el 20% pertenecería a los trabajadores. “Y si hay otros acreedores ¿Qué va pasar con los otros acreedores?”, cuestionó.
La propuesta
Pou Mont reveló que en las negociones que tuvieron los empresarios con el gobierno se planteó que sea el mismo gobierno se haga cargo de la consolidación de las empresas sociales con los trabajadores.
“Nuestra propuesta fue que se establezca en la Ley otras alternativas para las empresas sociales. Propusimos que las empresas sociales se puedan constituir de otras fuentes como: gente que se asocie con participación voluntaria de diferentes actores. Otro es una normativa específica de gobernanza y una tercera es que exista la obligación del Estado de financiar, no regalar, sino financiar las operaciones de estas empresas”, argumentó Pou Mont.
El 30 de abril, la ministra de Planificación, Mariana Prado, indicó que el Gobierno no destinará presupuesto alguno para la creación de empresas sociales. Esto para que no exista una mala intención, de algunos trabajadores, y de esta manera haga fracasar al privado.
“En una versión anterior se asumía que era el Estado que iba a ayudar a los trabajadores a recuperar una empresa. (…) Solamente en esos casos, donde irresponsablemente un empresario ha dejado su emprendimiento sin liquidar deudas, sin pagar a sus trabajadores, ahí ellos puedan recuperar el emprendimiento y ojo sin que el Estado pueda poner un boliviano a ese emprendimiento”, sostuvo en aquella oportunidad la autoridad gubernamental.
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