El departamento de Potosí, desde el año 2006, ha recibido más de 1 500 millones de dólares (1562 millones, según las informaciones periódicas que publica el Ministerio de Minería y Metalurgia) como compensación a la extracción de recursos minerales de su territorio. Esta compensación, en la normativa boliviana, es la regalía minera. Esta gran cantidad de recursos ha servido para financiar proyectos de inversión en el departamento. La estabilidad y sostenibilidad de estos fondos permite una planificación estratégica, esencial, para lograr un cambio positivo en Potosí. Más del 90% de la regalía minera ha sido depositado por las empresas privadas que operan en el departamento.
1.500 millones de dólares es una cifra inmensa que se debe, sobre todo, al cumplimiento del deber de las empresas privadas de compensar a la región por el mineral extraído. Con esta cifra se podría potenciar el desarrollo local. Sentar las condiciones que precisa la economía alternativa a la minera; en el caso del turismo, constituir una red de acceso a los atractivos más importantes del departamento, desde Catavi, al norte, hasta Cerrillos al sur. Promover la construcción de infraestructura asociada al turismo, hoteles, centros de asistencia a los turistas. Potenciar la agricultura que había florecido a la luz de la COMIBOL; pero que murió con el cierre de esa empresa minera, potenciar la adición de valor a metales que salen de la región; por ejemplo, constituir un centro de joyería de plata de alta calidad, similar al que se encuentra en Tasco, México. Aprovechar la calidad de la lana de camélidos para añadirle valor con hilanderías profesionales y, luego continuar avanzando en la cadena de valor de esa materia prima. Dentro del sector minero, asociarse con empresas privadas para montar fábricas de insumos que requiere la minería, desde reactivos químicos hasta maquinaria. 1.500 millones de dólares es una cifra lo suficientemente grande como para lanzar a Potosí a otro nivel del desarrollo económico.
El último boletín estadístico del Ministerio de minería y metalurgia muestra una alarmante disminución de la producción de varios metales: zinc, plomo, estaño y plata. Estos son 4 de los 5 principales metales que exporta Bolivia y que provienen, en gran medida, de Potosí. El quinto, el oro, contrariamente, ha aumentado significativamente sus registros.
Adicionalmente, la cotización de todos estos metales ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses. Según análisis de autoridades y de especialistas en el sector minero, la mayor parte del oro proviene de operaciones ilegales, entonces, su aporte al Estado es mínimo; en cambio, la contribución de los otros metales a las regiones es significativo y, por los factores mencionados, disminuirá considerablemente.
Las autoridades y dirigentes cívicos de Potosí ya han hecho escuchar sus voces de preocupación por este hecho, pues, proyectos que son financiados con las regalías podrían ser paralizados.
El gran problema de la minería es la volatilidad de los precios en el corto plazo que, a la incertidumbre natural propia del sector, le añade un ingrediente de riesgo que debe asumir el actor minero; pero que puede repercutir en la inversión pública regional.
El sector minero está atravesando un momento crítico en su organización y funcionamiento, la preponderancia del subsector cooperativo, si bien genera empleo y autogestión, por sus limitaciones económicas y técnicas no es sostenible por sí mismo y su aporte económico al país es reducido ya que no pagan los impuestos que sí lo hacen las empresas.
La continuidad de la minería es resultado inmediato de la inversión; sin este factor, la vulnerabilidad regional ante la volatilidad de las cotizaciones internacionales de los metales es mayor y, por tanto, el riesgo de interrumpir el financiamiento de proyectos de desarrollo locales se acrecienta. De los distintos actores operativos del sector minero, las empresas son las que invierten y sustentan la actividad minera en el mediano y largo plazo.
Hay mucha riqueza en nuestro territorio; pero hay que confirmarla para animarse a llevar a cabo un proyecto de explotación. La tradición muestra que, entre el descubrimiento de las anomalías superficiales que indican la presencia de un depósito minero y la puesta en marcha de un proceso de explotación transcurren unos 25 años. Durante este tiempo, el dinero fluye en un solo sentido. En países donde está autorizada la venta de minas, ese costo se reparte entre varios operadores, en nuestro país, desde la resolución 032/2006 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional esa venta, el costo tendría que ser asumido por un solo operador.
Esta situación es una gran limitante para atraer inversiones. En el resto del mundo, llegan empresas pequeñas que invierten y corren riesgos para confirmar reservas de un yacimiento y. luego, recuperar su inversión y obtener una utilidad vendiendo el yacimiento ya estudiado, a otro operador. En nuestro país esto no se puede dar de manera natural.
Atraer inversiones externas, en esas condiciones es complicado; por esto, si alguien se atreve a traer capitales al país, y se pretende que vengan otros más, se debe poner especial atención a esa inversión porque el país es observado a través de la ventana que representa su resultado. La mayor parte de las inversiones mineras privadas en los últimos años vienen de Canadá; hay otras; pero la información que se tiene de éstas es escasa, particularmente, de las que se realizan en la Amazonía.
Varias empresas han intentado incursionar en el país trayendo inversiones, con resultados variados, South American Silver de Canadá, que sólo recuperó su inversión en Malku Khota, Kores de Corea que no pudo concretar su proyecto cuprífero en Corocoro, Castillian de Canadá que tampoco pudo consolidar su presencia en el yacimiento aurífero de Challapata, Apogee, que tuvo dificultades en su relación con cooperativas y COMIBOL, New Pacific que concretó un intenso trabajo de exploración y que se apresta a pasar a la fase de explotación.
Aunque nuestro objetivo sea evitar que operadores mineros irresponsables ingresen a nuestra maravillosa nación, debemos mantenernos receptivos y alentadores hacia aquellos dispuestos a cumplir con las regulaciones de Bolivia y que puedan demostrar su capacidad para operar en los niveles más altos de seguridad, preservación ambiental y bienestar comunitario.
Por otra parte, en los últimos días, se ha escuchado denuncias, en varios ámbitos, sobre actividades mineras ilegales. Esto provoca un gran daño al país y, particularmente, a municipios y comunidades de donde se extrae el mineral. El Estado se ha visto obligado a elaborar unas normas contra los avasallamientos y las actividades mineras no autorizadas, pues es evidente el perjuicio por la violación de las reglas del sector.
En varias ocasiones, se han escuchado voces pidiendo un mayor aporte de los operadores mineros al país; esto nos debería llevar a analizar el marco normativo y la estructura del sector, definida en la ley de minería y metalurgia, pues, las empresas, que se ajustan a lo definido por el Estado, aportan lo que está establecido. Entonces, si se pide una mayor contribución a las empresas, en realidad, se está reclamando un cambio en las normas definidas por los distintos actores del sector minero.
El país dependerá de la minería durante muchos años, todavía, por esto, es imprescindible hacerla sostenible. Lo que significa que tiene que hacerse una inversión importante y sostenida para confirmar los buenos yacimientos que existen en Bolivia. Es muy difícil que el Estado se haga cargo de esta responsabilidad. Por eso se debe acudir a la inversión privada, pero esa inversión deberá cumplir con el país, con los máximos estándares de seguridad, protección ambiental y responsabilidad con la comunidad. Esa inversión debe ser bienvenida y protegida. La otra, que viene a aprovecharse de las riquezas nacionales debe ser frenada u obligada a cumplir sus obligaciones.
Sin embargo, y a modo de síntesis, se recalca que la estabilidad de las regalías depende de la inversión privada y que ésta llega al país, en la medida en que encuentre un ambiente concordante con su cumplimiento de las leyes nacionales y se frene las actividades ilegales que perjudican a municipios y comunidades.
///
