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El Alcalde de La Paz, Luis Revilla (Foto: Urgentebo)

La Paz, 4 de febrero (Urgentebo).-  “La Comuna paceña no está en condiciones de asumir la responsabilidad de brindar una renta a las personas con discapacidad, sobre todo luego de la reducción de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, dijo el Alcalde Luis Revilla al ser consultado por la intención gubernamental de derivar esta responsabilidad a los Gobiernos municipales del país.

Consideró que las autoridades gubernamentales debieron dialogar sobre el tema con los alcaldes antes de hacer la propuesta, aseveró, según informó la ANM.

 “No parece que sea una buena idea y mucho menos si es que no está concertada y consensuada. Si el Gobierno (nacional) quiera dar un bono a las personas con discapacidad y si quiere hacerlo con recursos municipales, primero tiene que hablar con nosotros, con los alcaldes y particularmente de las ciudades capitales donde se concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad”, enfatizó.

El Comité Nacional de Lucha por la Renta Mensual de las Personas con Discapacidad de Bolivia denunció que el Gobierno pretende deslindar esa responsabilidad y que las alcaldías paguen la renta mensual que solicita el sector. Esta propuesta estaría incluida en el Proyecto de Ley 296/2016.

Revilla recordó que en 2016,  el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz propuso que las alcaldías realicen un censo para identificar la cantidad de personas de ese sector y el grado de discapacidad que existen en cada municipio y que pueden beneficiarse de esta renta.

 “Lo primero que tiene que hacerse es un censo. Tenemos que saber la cantidad de personas, tenemos que establecer los grados de discapacidad de esas personas y en función de eso establecer, ojala una política concertada. Podemos contribuir en muchas cosas,  los gobiernos municipales. Pero no a partir de imposiciones. Eso debería terminarse”, remarcó el Burgomaestre.

Pacto Fiscal

El Alcalde paceño consideró que la propuesta gubernamental es una mala señal de las autoridades nacionales ante el Pacto Fiscal que buscan los gobiernos municipales.

“No es una buena señal. El Pacto Fiscal como dice su nombre son acuerdos sobre el uso de los recursos con que cuenta el país. Acuerdos no imposiciones. No se puede imponer estos decisiones a partir  de leyes nacionales”, finalizó.

Enfatizó que las imposiciones gubernamentales de este tipo deben terminar y espera que en los siguientes días, y antes que se apruebe cualquier ley, los alcaldes sean convocados para buscar soluciones de manera concertada a la problemática de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad se movilizaron el 2016 para exigir un bono mensual de 500 bolivianos al Gobierno nacional. En marzo iniciaron una marcha desde la ciudad de Cochabamba rumbo a La Paz. En la sede de gobierno, este sector protagonizó una vigilia por más de tres meses, sin lograr su cometido.