24 de septiembre (France 24).- A través de un comunicado al público, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) informó oficialmente sobre la emisión de una orden de aprehensión "preventiva" en contra de tres altos funcionarios argentinos: el presidente, Javier Milei; su secretaria general, Karina Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El TSJ ordenó la detención del mandatario acusándolo de siete delitos relacionados con el "robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir".
La orden de aprehensión se origina de una petición de la Fiscalía venezolana realizada el pasado 18 de septiembre, cuando el fiscal general del país, Tarek William Saab, expresó durante una rueda de prensa el inicio de un proceso judicial en contra de Milei. Saab añadió que designó un "fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos" para el caso.
El proceso abierto por el Ministerio Público y refrendado por el TSJ está relacionado con una controversia diplomática ocurrida en 2022, cuando un avión de carga venezolano-iraní fue incautado por autoridades argentinas en un aeropuerto de Buenos Aires, donde se mantuvo por dos años antes de ser enviado a Estados Unidos para desmantelamiento en febrero de este año.
Argentina cataloga el caso en contra de Milei como "una ridiculez"
El Gobierno del libertario reaccionó el pasado 20 de septiembre ante las peticiones del Ministerio Público venezolano, que ahora se ha materializado en la emisión de una orden de detención procedente del TSJ.
En rueda de prensa, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, calificó la situación de ser "una ridiculez", también desligando a Milei de la decisión de incautar y enviar el avión.
"Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país", expresó Adorni, añadiendo que, al Gobierno de Argentina "no le importa nada las pavadas" procedentes del poder "dictatorial" de Venezuela.
La decisión del Supremo venezolano llega también luego de una petición enviada por la cancillería de Argentina a la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de septiembre. Buenos Aires instó encarecidamente al organismo de justicia internacional que emitiera órdenes de detención en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su Gobierno, ante el "agravamiento de la situación" en el país tras las elecciones del 28 de julio.
Con EFE y medios locales
