La Paz, 16 de junio (Urgentebo).- Un juez de la ciudad de La Paz emitió una orden para un grupo de medios de comunicación y periodistas con el fin de que identifiquen a los periodistas supuestamente involucrados en un caso que habría afectado al ministro de Obras Públicas. En ese marco, la Asociación Nacional de la Prensa invocó la vigencia de la Ley de Imprenta.
sociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió a un juez el respeto a la Ley de Imprenta y que deje sin efecto la orden para revelar la identidad de los periodistas que cubren un caso de supuesto tráfico de influencias, en el cual se involucra al ministro de Obras Públicas Milton Claros.
La ANP que agrupa a los principales medios impresos del país, aclaró que se encuentra en plena vigencia el artículo 2 de la Ley de Imprenta que señala expresamente que los responsables de las publicaciones son “Los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas”.
El pronunciamiento responde a la orden judicial que exige a la periodista Amalia Pando y al Canal 18 de televisión la entrega de grabaciones, y a los periódicos Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario, revelar la identidad de los periodistas que procesaron como noticia una declaración de la excompañera sentimental del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que involucra a varias autoridades en presunto tráfico de influencias.
La ANP recordó al Poder Judicial que está vigente la Ley de Imprenta que en su artículo 28 señala: “Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)”. La organización de medios explica al juez que los reporteros no escribieron a título personal, sino realizaron un trabajo periodístico que tiene relación con la administración de bienes estatales y por lo tanto son temas de orden público.
La comunicación del juez primero de Instrucción en lo Penal, Luis Yepez Portugal, entregada a los medios señalados, el 13 de junio, responde a una solicitud de la apoderada legal del ministro Claros, Kathleen Fernández, que recurre a la autoridad judicial para acumular antecedentes que permitan la apertura de una acción penal por calumnia e injuria.
De persistir el intento de vulnerar la Ley de Imprenta, la ANP recurrirá a instituciones internacionales para demandar el respeto de las normas que protegen el trabajo periodístico, expresa mediante un comunicado.
