28 de marzo (Urgente.bo).- Una directora de una unidad educativa en Oruro fue procesada por la Fiscalía tras exigir el cumplimiento del debido proceso en el caso de una menor de edad que habría sido víctima de violación. La autoridad educativa impidió que la menor declarara sin la presencia de sus padres ni de representantes de la Defensoría de la Niñez.
El hecho, que se mantiene en reserva, ocurrió en Oruro, donde, según la Defensoría del Pueblo, una adolescente de 13 años que habría sido víctima de violación fue interceptada por la Fiscalía dentro de su unidad educativa para que brindara su declaración sin la presencia de sus padres ni de un representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Esta situación generó el rechazo de dos autoridades: la directora de la unidad educativa y un funcionario de la Dirección de Igualdad de Oportunidades del municipio orureño. Ambos exigieron la presencia de los padres de la menor o de personal especializado, como lo establece la normativa de protección a la infancia.
Ante esta situación, la Fiscalía amedrentó a las dos personas las cuales fueron sindicadas y luego arrestadas por una supuestaobstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo presentó una Acción de Libertad en favor de ambos funcionarios, la cual fue aceptada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. La medida dejó sin efecto el proceso penal en su contra.
“La Defensoría del Pueblo logró, mediante una Acción de Libertad, la tutela de los derechos de dos ciudadanos que estaban siendo indebidamente procesados por actuar en defensa de una adolescente en Oruro. Como #INDH continuaremos velando por el debido proceso y la protección de los #DDHH de las y los bolivianos”, publicó en sus redes sociales Pedro Callizaya, defensor del pueblo.
La resolución judicial establece que el Ministerio Público no logró demostrar que las autoridades procesadas hubieran obstaculizado la investigación o incumplido sus deberes. Por ello, se ordenó la anulación del proceso penal.
Además, la Sala Constitucional dispuso que la investigación se mantenga en reserva para no entorpecer futuras actuaciones.
