9 de enero (Urgente.bo).- En menos de un mes se conocieron las denuncias de violencia familiar, intento de feminicidio e incluso una violación múltiple, en los que los involucrados son efectivos policiales y militares que manchan el nombre de sus instituciones. Los hechos ocurrieron en Bolivia y han desatado las críticas contra sus autores.

Oruro

El primer caso de violencia ocurrió la madrugada del pasado sábado 4 de enero, un efectivo policial con grado de sargento agredió brutalmente a una mujer en plena vía pública en la ciudad de Oruro. El hecho fue grabado y difundido en redes sociales.

El sargento Brian C. Ch. fue uno de los condecorados por su participación en el desbloqueo de caminos en octubre de 2024. Este miércoles fue dado de baja de la institución policial y enfrenta un proceso penal por el delito de violencia familiar.

El sargento guarda detención preventiva por el lapso de dos meses en el penal de San Pedro de Oruro.

Pando

El segundo caso que es investigado por las autoridades ocurrió el pasado 6 de enero, cuando una teniente denunció que fue víctima de violación por parte de tres militares en Cobija. Dos de ellos fueron aprehendidos.

El caso ocurrió el 20 de diciembre de 2024 cuando los militares y la víctima consumían bebidas alcohólicas, ella despertó en la oficina de un coronel, echada en el sillón y tapada con un mantel azul, además sin ropa interior y vio que uno de los sindicados estaba en un rincón sin polera, posteriormente, ella se fue a su vivienda donde empezó a sentir dolores.

Los agresores fueron identificados como Luis F.D.S, Gabriel A.L.S. y Gabriel A.L.S. quienes habrían grabado el momento del hecho.

“Se han activado todos los procedimientos internos para realizar una investigación exhaustiva transparente con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, conforme a la ley y a los reglamentos militares”, indicó el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, a través de un comunicado.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció respecto a este caso e indicó que inició un proceso de investigación, a la vez señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de seguir el caso de oficio.

Cochabamba

El tercer caso que es investigado ocurrió en Cochabamba, una mujer denunció encubrimiento de funcionarios policiales por no recibir su denuncia de violencia familiar en contra de su pareja, quien es suboficial de la Policía.

El pasado 14 de diciembre el suboficial golpeó brutalmente a la mujer hasta provocarle un aborto, el detonante para que logren su aprehensión. Sin embargo, ella intentó denunciar a su pareja en dos oportunidades, pero los efectivos policiales no le hicieron caso.

El hombre se benefició con detención domiciliaria, a pesar de que el proceso debía seguirse por intento de feminicidio.

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