La sociedad civil venezolana en más de cuatro meses puso de su parte todo lo que se le pidió a un costo brutal de más de un centenar de muertos, la mayoría jóvenes estudiantes, miles de heridos y detenidos y, por ahora, lo único que ha logrado es que medio centenar de países califiquen de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro.
Las opiniones están encontradas. Hay quienes creen que la brutalidad es muestra de que el régimen languidece, pero hay otros que piensan que se afirma y que solo por la fuerza será desalojado del poder, porque sus miembros, acusados de graves delitos, saben que lo que le espera es la cárcel o la muerte.
En Venezuela el régimen hace lo que le viene en gana. Anuló a la Asamblea Nacional ganada por la oposición a través de un obsecuente Tribunal Supremo de Justicia. Encarcela a alcaldes opositores elegidos por voto popular. Destituyó inconstitucionalmente a la Fiscal General de la Nación y ha convertido a las fuerzas armadas en su guardia pretoriana.
La oposición ante este estado de cosas, agravado por la monumental escasez de medicinas y alimentos, llamó al pueblo a las calles. Millones lo hicieron. La respuesta fue sangrienta, propia de desquiciados sin ninguna noción de lo que es el respeto a los derechos humanos. La ONU acaba de denunciar estos atropellos plagados de torturas.
El 16 de julio 7.5 millones de venezolanos aprobaron en un plebiscito la urgencia de renovar el TSJ, el Consejo Nacional Electoral y la conformación de un gobierno de transición para volver a la democracia. La AN eligió a una docena de juristas probos. Nunca pudieron ni acercarse al TSJ. Peor todavía la mayoría buscaron asilo o están presos.
La dictadura, en su afán de oficializarse como una segunda Cuba, realizó el 30 de julio una elección para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Pocos creían que lo haría, pero lo hizo. El CNE, su ministerio de elecciones, anunció que votaron más de 8 millones, algo inverosimil al punto que Smartmatic, la compañía oficialista supervisora de la elección, desde Londres reveló que hubo fraude de al menos un millón de votos.
La dictadura cínica siguió con sus planes e instaló su ANC para reformar algo que Hugo Chávez dijo, cuando la promulgó, que era la mejor constitución del mundo. La ANC empezó como aplanadora y de hecho puso contra la pared a los dirigentes opositores quienes deben decidir si participan o no en las elecciones regionales de diciembre.
Algunos ya lo han hecho, porque creen que no hacerlo hará que la dictadura se apodere de las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías. Pero como ya está probado que el CNE manipula las cifras, la dictadura dará algunas gobernaciones y alcaldías a la oposición para que todo siga igual… O sea que la falsa disyuntiva es: La oposición va a las elecciones, pierde. No va, pierde también.
Todo esto ha causado una enorme decepción en el valeroso pueblo ansioso de libertad que confiaba en la presión de la calle para obligar a actuar a los militares institucionalistas. En medio se produjo el pronunciamiento de una docena de cancilleres de América Latina que se desligan de la dictadura.
No debe perderse de vista la acción comando de un grupo de militares retirados y civiles que el 6 de agosto irrumpió en una de las unidades mejor armadas de Venezuela para sustraer un centenar de armas. CNN y el régimen anunciaron que se había aplastado un golpe castrense. El líder del asalto, capitán Juan Carlos Caguaripano, dijo que no hubo ningún alzamiento militar porque solo se trataba de apoderarse de armas. Este hecho, si, ha puesto a temblar a la dictadura antes que el gigantesco y prologado esfuerzo de la sociedad civil. Amanecerá y veremos.
(*) Hernán Maldonado es periodista. Ex UPI, EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años fue corresponsal de ANF de Bolivia.
