Coyuntura
Los trabajadores comenzaron hoy un paro de 72 horas en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 2765, que autoriza el cierre de la empresa Enatex, entre otros pedidos. Las protestas comenzaron desde tempranas horas con bloqueos en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó el miércoles que el Eximbank de China "preaprobó" el proyecto del el aeropuerto intercontinental o HUB de Viru Viru, en Santa Cruz, con lo que está casi garantizado el financiamiento para el proyecto.
Lo propuso una agencia gubernamental para reforzar la información sobre posibles simpatías y vínculos con el terrorismo de los visitantes.
El comentario del mandatario se da un día después de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce, quien sostuvo que si el paro de 72 horas de la COB tiene efectividad está en riesgo el pago del segundo aguinaldo.
La autoridad gubernamental dio un informe en base a reportes oficiales del Ministerio de Trabajo. Explicó que en La Paz la protesta se concentra en un bloqueo, con el apoyo de discapacitados, en la avenida Montes.
El Gobierno de la ciudad informó que el número de fallecidos por el ataque terrorista llegó a 41. También se elevó la cifra de heridos: 239.
La Central Obrera Boliviana (COB) informó que las protestas a las que convoca no solamente se dan en demanda de una solución al caso Enatex, sino también a otros casos que no fueron resueltos por el Gobierno como la Ley de Cooperativas, el Seguro Universal de Salud, la Ley de Pensiones en el caso de los jubilados y la reforma a la Ley General del Trabajo.
Informó que tras un monitoreo del problema decidió comunicarse con la dirigencia del ente matriz de los trabajadores.
El Ministro de Economía se refirió a ese tema horas antes del paro de la COB, en demanda de la anulación del Decreto Supremo 2765, que establece el cierre de la estatal Enatex.
Sostuvo que es inevitable que el pueblo venezolano tenga referéndum revocatorio antes de fin de año y pidió que los Legislativos de los países que votaron en contra de la aplicación de la Carta Democrática deben iniciar una tarea de fiscalización urgente contra sus representantes.
