Octubre 23, 2024 -H-

Rolando Villena: con la Ley 870 el Defensor del Pueblo hace todo lo que el Gobierno dice que haga

El ex Defensor del Pueblo aseveró que con la aprobación de la Ley Nro 870 “del Defensor del Pueblo” en diciembre del 2016, la Defensoría ya no es la misma institución independiente y autónoma que era. 


Viernes 1 de Septiembre de 2017, 5:15pm






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El defensor del Pueblo, Rolando Villena (Foto: AFKA)

La Paz, 1 de septiembre (Urgentebo).- El exdefensor, de Pueblo Rolando Villena, en entrevista con el portal Urgentebo, aseguró que la Defensoría del Pueblo ha sido desnaturalizada y que hoy por hoy "solamente es el nombre lo que le queda" y agregó que "el Defensor del Pueblo hace todo lo que el gobierno dice que haga”.

El ex Defensor del Pueblo aseveró que con la aprobación de la Ley Nro 870 “del Defensor del Pueblo” en diciembre del 2016, la Defensoría ya no es la misma institución independiente y autónoma que era. 

“Esta ley le quita todas las competencias que tenía dicha instancia de acuerdo a la anterior Ley 1818. Eso quiere decir que no tiene la autonomía administrativa que debía tener; y otro aspecto importante, todo lo que se relacionaba a mi gestión la ley decía que el Defensor no recibe ninguna orden del Estado. Todos esos principios han cambiado. En ese contexto, ha habido un cambio total y retroceso a la vez”, afirmó.

Complementó que en la anterior Ley (la 1818) se decía claramente que  el Defensor del Pueblo no recibía órdenes de ningún otro órgano del Estado, "pero eso no existe en la actual norma".

"Es evidente que esto genera un vacío que la gente lo está percibiendo con mucha claridad. Es de lamentar que no tengamos una institución defensora del pueblo que pueda asumir su responsabilidad como lo hacía antes, más aún cuando durante más de una década nos costó a los bolivianos construir", aseguró.

Sin embargo y haciendo una revisión de las mencionadas leyes, se puede evidenciar que en ambas normativas se aclara que la Defensoría del Pueblo "no recibe instrucciones de los Órganos del Estado".

El parágrafo III del artículo 2 de la Ley 870 establece que "la Defensoría del Pueblo tiene autonomía funcional, financiera y administrativa; en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los Órganos del Estado, está sometida al control fiscal y tiene su sede en la ciudad de La Paz"; en cambio, en el artículo 4 de la Ley 1818 se indica que "el Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos".

Cómo se puede ver, en la actual se habla de "autonomía" y en la pasada de "independencia". Según sus significados, la diferencia entre ambos términos radica en que la independencia significa “hacer las cosas por ti mismo sin depender de los demás”. En cambio, autonomía es “la capacidad de actuar libremente y de elegir nuestras opciones”.

Asimismo, ambas leyes indican que es tarea del Defensor presentar un informe ante la Asamblea Legislativa.

El punto 17 del artículo 14 de la Ley 870 indica que es función del Defensor "elaborar y presentar informes temáticos o periódicos sobre temas de su competencia, a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional ya los sistemas de protección internacional de derechos humanos, cuando le sean requeridos"; en cambio, la antigua Ley 1818. En cambio, el artículo 33 establece que "el Titular del Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al Congreso Nacional en informe anual escrito, el que incluirá sus resoluciones y el estado de ejecución del presupuesto. El informe será presentado antes de la conclusión de cada legislatura, y dentro de los 30 días siguientes a su presentación, realizará exposición oral del mismo. Asimismo cualquiera de las Comisiones Camarales podrán convocarlo en relación al ejercicio de sus funciones.

En referencia al trabajo del actual Defensor, David Tezanos, aseguró que "él está sujeto a la nueva ley. Esa nueva ley aprobada a mediados de diciembre de 2016, le quita todas las competencias que tenía dicha instancia de acuerdo a la anterior Ley 1818. Eso quiere decir que no tiene la autonomía administrativa que debía tener".

Y finalizó indicando que "con la nueva ley el país ha retrocedido porque el Gobierno con sus políticas tiene desprotegido a importantes sectores sociales como son los pueblos indígenas y faltando el respeto a  sus legítimos derechos".

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