El Gobierno Municipal de El Alto recibió el reconocimiento denominado “Dr. Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado” de la Procuraduría General del Estado otorgado por cumplir con diligencias, procesos de intervención y defensa legal gubernamental, además del Registro de Abogados del Estado (RAE).
Jeral Quisbert, director Jurídico de la Alcaldía de El Alto, sostuvo que el trabajo institucional Municipal, que también es parte del Estado, comenzó con la incursión de la Procuraduría General a partir del 2016, por lo que el Municipio, en coordinación con la Procuraduría, aplicó el sistema de Registro de Abogados del Estado y el Sistema ROPE (Registro Obligatorio de Procesos del Estado).
“La Alcaldía de El Alto ha dado cumplimiento a estas disposiciones legales y, a partir del 2016, hemos podido transformar la administración Municipal en lo que se refiere al registro de todos los procesos judiciales, del 2016 al año 2019 todos los procesos judiciales de la Alcaldía de El Alto están correctamente registrados, patrocinados y en muchos de ellos hemos tenidos resultados satisfactorios con un fin en específico que es la recuperación del patrimonio de la institución Municipal y por ende también del Estado”, aseguró.
Hasta la fecha son entre 800 a 1.000 procesos judiciales los registrados y patrocinados para una recuperación económica que llegaría a alrededor de los 50 millones de bolivianos en la institución municipal.
Quisbert agradeció la iniciativa de la Procuraduría General para reconocer la Unidad Jurídica y al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto que significa un incentivo para poder continuar con la defensa de los intereses municipales.
“Para nosotros es un incentivo respecto al arduo trabajo que se ha desarrollado, no en este año sino en toda la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, ella es la principal impulsora de aplicar disposiciones emergentes de la Procuraduría General y en base al instructivo de la Alcaldesa creo que se ha consolidado un trabajo regular, el cual, hoy, ha sido reconocido. Para la institución es un aliciente a seguir cumpliendo con el mandato constitucional de defender los intereses Municipales y del Estado”, agregó.
Entre los casos más relevantes destacó el tema de los Buses Sariri, procesos contra exautoridades municipales de nivel jerárquico, exalcaldes, exconcejales municipales y eventualmente procesos de cobro de dinero que con coactivos fiscales que datan de muchos años.
