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Una marcha de los gremialistas (foto L.Gandarillas)

La Paz, 1 de mayo (Urgentebo).- Luego de que los movimientos sociales en octubre de 2003 obligaron la renuncia Gonzalo Sánchez de Lozada, la ciudad de El Alto era escenario de la, así llamada por exmovimientistas, “segunda guerra del gas”. Era 2005.

Pues en mayo de 2005 los alteños, liderados por sus principales movimientos sociales, iniciaban un paro cívico indefinido y exitoso demandando la nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización, el cierre del Parlamento Nacional, la renuncia del presidente Carlos Mesa y la defensa incondicional del actual proceso democrático.

Sin duda, era una lucha especial pues, como muy pocas veces ocurrió en la historia, todas las organizaciones sociales de la ciudad alteña se unían a la voz de una sola causa. Es así que la medida fue resuelta y organizada toda esta semana por la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Federación de Gremiales; además, fueron apoyados también por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

Sin embargo, la importancia que la “segunda guerra del gas” tuvo para los movimientos sociales alteños es aún más grande que el que se observaba. Pues los hechos acontecidos el 2005 marcaron un “antes y un después” en la vida de los movimientos sociales de la ciudad más alta del Bolivia.

“Antes del 2005 los movimientos sociales tenían otro rol, lo que había que hacer era demandar y fiscalizar. Después del 2006 lo que ocurrió es que se logró una alianza estratégica con el Gobierno para que de manera conjunta se trabaje para avanzar hacia el desarrollo de la población”, aseguró a Oxígeno el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Abel Mamani.

Desde el 2006, después de que Evo Morales asume la presidencia de Bolivia, los movimientos sociales de El Alto pasaron de ser una fuerza de control político a formar una alianza estratégica en procura de defender el proceso de cambio.

Esta visión fue compartida por tres exdirigentes y fundadores de los distintos movimientos sociales de la urbe. Ellos consideran que este cambio fue producido por sus principales dirigentes, y no por las bases.

Los tres principales movimientos sociales que tiene El Alto son los de la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Federación de Gremiales.

“El Alto de pie, dirigentes de rodillas”, con esas palabras resume la situación actual de los movimientos sociales en El Alto Roberto de la Cruz, exdirigente alteño y actual miembro del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia.

Pues en su opinión, los principales dirigentes de los movimientos sociales alteños “han convertido a las organizaciones sociales de El Alto en oficinas de campaña del Gobierno de Evo Morales”.

De la Cruz aseveró que los dirigentes de El Alto y a nivel nacional están violentando los principios fundamentales del sindicalismo boliviano.

“No respetan los principios de la unidad de los trabajadores, que ya no existe. Tampoco está el principio de la solidaridad, porque estos dirigentes son solidarios con el poder pero no con la clase trabajadora; y tampoco el de la independencia sindical, que es cuestionado, son sometidos por el poder, pero ya no hay esa independencia de clase trabajadora que está en los principios del sindicalismo”, afirmó.

Para el exdirigente “los dirigentes han traicionado los sagrados postulados y principios del sindicalismo boliviano y la clase trabajadora, al haber entregado este instrumento de lucha en favor del poder, del patrón. Los movimientos sociales en El Alto están siendo manejados a gusto por el Gobierno”.

Esta percepción fue compartida por el ex y uno de los primeros ejecutivos de la Central Obrera Regional, Julio Mamani, quien aseguró que el 2005 se produjo la culminación de toda ideología que “había dentro de los movimientos sociales el 2003”.

Mamani considera que, después de la guerra del gas y, principalmente, la asunción de Morales como presidente, hubo un cambio en la “formación de los dirigentes de los principales movimientos sociales de El Alto”.

“A partir del 2006 ya no hay ningún tipo de problemas de proyección de lo que va a ser El Alto, se trata de defender el proceso de cambio”, afirma.

Asegura que antes del 2006 la formación de los dirigentes era el conflicto. Pues se formaban con la convicción de “defender a las bases y los puestos de trabajo” de la población. En cambio hoy, dice, “los dirigentes ya no luchan a pie, sino que luchan en carro”.

Esto genera, explica, un desgaste de la imagen de los máximos dirigentes ante sus bases. En su criterio, se produjo una sobrevaloración de los dirigentes, que desencadena en la situación actual.

“Las bases ya no los apoyan, son reprochados, son mal vistos, son odiados por las bases sociales. Si las bases salen a la marcha es porque amenazan con multa o hacerlos botar de su fuente de trabajo”, complementa De la Cruz.

Esto deriva, explica Mamani, en que los movimientos sociales pierdan su carácter democrático “de consultar a las bases”, para tomar decisiones.

“No todos están involucrados, los dirigentes intermedios son callados con algunas migajas. Hay miedo de denunciar, son callados por las buenas o por las malas”, agrega Roberto de la Cruz.

Además, el “supra poder” que tendrían los principales dirigentes sindicales también generó un cambio radical en su relación con las autoridades nacionales y locales.

El poder de "los alteños"

Los exdirigentes consultados aseguran que la COR y la Fejuve tienen el poder, incluso, de elegir candidatos, senadores, diputados, fiscales y de bloquear normas y leyes concejales que vayan en contra de sus intereses.

Roberto de la Cruz advierte que estos dirigentes “tienen poder en el Gobierno, tienen la capacidad de imponer candidatos, senadores, diputados, concejales y alcaldes. Tienen poder de imponer ministros y viceministros. Y tienen el poder de imponer fiscales que han cometido actos de corrupción”.

De la Cruz puso el ejemplo de René Quispe, exfiscal hoy detenido en el penal de Patacamaya por realizar cobros indebidos. “El Gobierno necesita de esta mano dura en El Alto para no soltar el poder, porque este grupo existe con la venia del Gobierno”, dice.

“¿Qué gobierno podría con semejante presión, de que El Alto se movilice en su contra?”, cuestiona Julio Mamani al explicar el poder que los movimientos sociales tienen en el actual partido de gobierno.

Mamani explica que “cada Gobierno y Alcaldía para asegurar una gobernabilidad siempre han tendido a un control de las organizaciones en El Alto”. Sin embargo, afirma que en los últimos años este control ha sido a través de prebendas de cargos públicos.

Además, indican, los principales dirigentes de los movimientos sociales alteños también tienen el poder de bloquear algunas leyes y normas municipales, o presionar para la aprobación de otras.

“Se han convertido en una especie de pulpo, meten la mano a todo lado y persona que se atreve a fiscalizarlos es cruelmente masacrada”, asevera De la Cruz.

En su hipótesis, esa es la raíz de la quema que sufrió la alcaldía alteña el pasado 17 de febrero, cobrando la vida de seis funcionarios de esta institución.

Abel Mamani, por su parte, no considera que haya una prebenda de cargos públicos en el Gobierno.

“Yo creo en las instituciones pero mientras exista necesidades en El Alto la población siempre va a estar unida y ninguna situación debería afectar la relación de la población con las autoridades”, indicó.