El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que se declararon culpables cuatro de los procesados en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de lavado de dinero y soborno en el caso de la venta de material antidisturbios el año 2019 al estado boliviano .
“Los cuatro se han declarado culpables de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía de Florida”, anunció en una conferencia de prensa.
Según Chávez, el procesado Luis Berckman aceptó los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista está entre los tres y diez años.
Asimismo, mencionó que Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los diez años.
“Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años”, agregó.
También detalló que Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para defraudar, cuya pena de reclusión está prevista entre uno y cinco años.
Explicó que las declaratorias se registraron en una audiencia, donde los procesados manifestaron a la juez de la causa que actuaban de manera voluntaria sin que medien vicios de nulidad.
“Hay que aclarar que ellos no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía (de Estados Unidos) para tener algún beneficio, es decir, es un acuerdo llano, es una declaración llana, como ha dicho la juez”, añadió.
En ese sentido, explicó que se espera que el juez del caso fije una audiencia entre octubre y mediados de noviembre de este año para que califique la sentencia que se impondrá a cada uno los procesados.
Dijo que, en el caso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, continúa sin cambios el señalamiento de audiencia para el 8 de octubre, con el fin de analizar su situación jurídica.
“Veremos qué es lo que ocurre, veremos si en la audiencia sí se verifica. Va a ser virtual y nuestros abogados van a tener una participación permanente, coordinando con la Fiscalía de Estado”, sostuvo.
El Procurador General del Estado manifestó que el desarrollo del proceso en Estados Unidos no dejó posibilidad de que el caso se entienda como persecución política, puesto que es la justicia la que actúa y lo hace en cualquier latitud bajo el principio de universalidad.
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