La intensificación de los discursos polarizantes y descalificadores, la publicación de encuestas sobre candidaturas y preferencias electorales, la división de los partidos y la aparición de grupos y personajes proponiendo una nueva Bolivia, evidencian que nuestro país ha ingresado ya en una etapa de temprana electoralización.
Podemos asumir que la política siempre fue una de las pasiones de los bolivianos, y que tales manifestaciones son parte de nuestra cultura democrática, proclive a la confrontación ideológica y la búsqueda incansable de cambios, alternativas o prorroguismos en el manejo del poder. Sin embargo, en esta oportunidad, nuestros políticos han posicionado la agenda electoral a la mitad de la gestión vigente y cuando el país atraviesa por una difícil situación económica que ha puesto en cuestión, no solo el crecimiento alcanzado hasta hoy, sino que genera una gran incertidumbre sobre la estabilidad, la sostenibilidad y la reactivación que todos esperamos.
De nuevo, los políticos dejan claro que los problemas esenciales de los bolivianos, que hoy padecen el aumento del costo de vida, la falta de empleos protegidos, la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad ante los desastres climáticos, no están entre sus preocupaciones y que prefieren dedicarse a generar las condiciones para que la polarización, la intolerancia y la confrontación no solo se sostengan, sino que se incrementen.
Los acuciantes problemas de nuestra economía, golpeada por el contrabando y la informalidad crecientes, la escasez de dólares, la desconfianza de los inversionistas por las bajas calificaciones internacionales, los problemas en la provisión de carburantes, las barreras a las exportaciones y la lentitud para implementar medidas de mitigación y control, deben esperar porque quienes toman las decisiones y quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar y legislar, están ocupados diseñando estrategias para enfrentar unas elecciones que se realizarán recién en 29 meses.
La reforma del sistema judicial, moribundo por una crisis terminal y convertido en una barrera para la justicia y la vigencia del Estado de Derecho, también tienen que aguardar su turno hasta después del 2025, con el agravante de que las elecciones judiciales, que deben realizarse en 5 meses, ni siquiera tienen la garantía de que se llevarán a cabo en los tiempos y condiciones que nuestro país y nuestra democracia demandan.
En lugar de avizorar un acuerdo político nacional, un espacio de diálogo y una voluntad común para solucionar, cuando menos, los problemas más urgentes, los bolivianos ya hemos empezado a espectar los prolegómenos de las campañas electorales, con sus dosis de polarización, demagogia, acusaciones mutuas, desestabilización, guerra sucia y confrontación estéril y destructiva, entre ciudadanos afines a uno u otro frente o candidato.
Es muy probable también que normas y políticas urgentes y necesarias como la reactivación de la minería, la Ley del Litio, el desarrollo de la industria, las alianzas público privadas, la Ley de Hidrocarburos, el Pacto Fiscal e incluso la realización del Censo, se vean afectados, pospuestos o bloqueados por los intereses y previsiones que hacen los líderes y estrategias políticos que buscarán réditos propios o fracasos ajenos para llegar mejor posicionados a los comicios de 2025.
En poco tiempo veremos a parlamentarios, autoridades nacionales y locales, líderes sociales y otros, descuidar sus funciones para emprender la penosa tarea de visibilizarse y promocionarse de todas las formas imaginables, para no quedar fuera de las listas de candidatos.
Este escenario, que muestra a una clase política enajenada y totalmente distanciada de la realidad de los ciudadanos, tiene una pavorosa similitud con procesos vividos en otros países cuyos votantes terminaron por rechazar a todos sus líderes tradicionales y en su lugar entronizaron a gobernantes autócratas, mesiánicos y violentos que sumieron a sus pueblos en periodos oscuros de dictaduras, colapso económico y corrupción.
Quisiéramos ser optimistas y pensar que aún hay tiempo para que los políticos bolivianos reaccionen y, frente a la crisis que ya nos afecta, antepongan los intereses nacionales a sus aspiraciones personales; lamentablemente su fama y su ceguera les precede, y una vez que han puesto a girar la rueda de la lucha por el poder nada evitará que ésta avance sin control aplastando cualquier esperanza de responsabilidad y cordura.
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