15 de noviembre (Urgente.Bo).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa informó que la instancia de justicia cuenta con los elementos suficientes para iniciar el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez Chavez por el delito de genocidio en Senkata y Sacaba, durante los conflictos sociales de 2019.
“Se ha presentado requerimiento conclusivo de acusación fiscal en contra de la señora Jeanine Añez Chávez, asi como de algunos exministros de Estado y demás autoridades del Alto Mando Militar , todos ellos por el delito de genocidio, esto en virutud a la violenta represion militar y policial dispuesta desde el nivel central de gobierno”, afirmó, la autoridad, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, se ratifica el uso de armas de guerra y municiones letales, uso de vehículos blindados y helicópteros, aviones dirigidos en contra de manifestantes, fruto de ello fue la muerte de 20 ciudadanos bolivianos y cientos de personas heridas por arma de fuego.
“Se confirma que la ciudadana, Jeanine Añez Chavez, ejercició control y mantuvo contacto con el Alto Mando Militar y Policial, no solamente en el momento que se desarrollaban las violentas protestas conjuntas sino antes, durante y después, asumiento el control de la ejecución de las mismas”, dijo Lanchipa.
CENSURA A JUECES
Asimismo, Lanchipa censuró a los dos fiscales que se declararon incompetentes y no quisieron procesar a la Exmandataria, y pidió que se los investigue y sancione por tomar determinaciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
“El Ministerio Público, en cumplimiento a los principios que rigen la función fiscal, y teniendo una decisión firme de la justicia boliviana, en cuanto al procedimiento ordinario de estos hechos manifiesta su censura a cualquier forma ilegal que busque alguna paralización y demora de un proceso de investigación”, aseveró.
PRESENTACIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN
La autoridad informó que las comisiones de fiscales asignados al caso ya presentaron los recursos de apelación correspondientes para que las salas penales de los tribunales departamentales de justicia de La Paz y de Cochabamba, dejen sin efecto la decisión asumida por los fiscales.
“El Ministerio Público analizará y tomará las acciones legales correspondientes para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes sean objeto de investigación y se definan responsabilidades”, ratificó.
“¿Justicia o impunidad?, ¿que se pretende con estas decisiones?, que el caso retroceda a foja cero?, que todo lo que ya se ha trabajo e investigado sea desechado?, ¿que las víctimas tengan que peregrinar nuevamente por justicia?, cuestionó.
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