El 41,26% de las mujeres privadas de libertad en Bolivia guarda detención por delitos vinculados a sustancias controladas; es decir, cuatro de cada diez mujeres. Así lo evidencia el informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, un reporte elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios del país.
“El problema de los delitos por sustancias controladas se ha mantenido por más de una década, puesto que los datos del 2012 señalaban que el quebrantamiento de la Ley por mujeres, relacionados a sustancias controladas llegaba al 56%. El 2018, el porcentaje de este tipo de delitos cometidos por mujeres llegaba al 31,62% y el 2023, el porcentaje de mujeres privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 1008 volvió a subir a 41,26%”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, en la presentación de esta investigación.
El caso de Oruro merece ser destacado pues en este departamento la cifra de mujeres privadas de libertad por delitos vinculados a la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas, asciende al 62%.
Cabe recordar que recientemente se conoció el caso de dos ciudadanas uruguayas, madre e hija, que fueron detenidas y recluidas en centros penitenciarios de Bolivia por la portación de marihuana, la cual era de uso personal de una de las mujeres. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y la delegación diplomática uruguaya se logró gestionar la libertad de ambas mujeres.
En la oportunidad, el Defensor del Pueblo subrayó que existen vacíos en la Ley 1008, específicamente en el Artículo 49; por lo que, es necesario, establecer una definición clara sobre las cantidades que se consideran para uso personal, y así evitar la arbitrariedad de las autoridades.
De acuerdo a la estadística sobre los delitos cometidos por mujeres privadas de libertad, al 12,28% de las mujeres en centros penitenciarios se les atribuye la comisión de delitos no violentos como el hurto; por debajo le sigue el delito de asesinato con 7,59% y con 4,12% el delito de homicidio.
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