6 de septiembre (El Clarín).- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este jueves la "gravedad de las acusaciones" contra el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, denunciado por varias mujeres por asedio sexual ante la organización Me too Brasil.
"El caso se está tramitando con el rigor y celeridad que requieren situaciones de posible violencia contra las mujeres", señala un comunicado divulgado por la secretaría de prensa de la Presidencia.
La nota informa que el ministro fue llamado en la noche del jueves por el Contralor General de la Unión, Vinícius Carvalho, y el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, para brindar aclaraciones sobre las denuncias publicadas por la prensa.
Asimismo indicó que la Comisión de Ética de la Presidencia de la República decidió abrir una investigación sobre el caso.
La noticia sobre los presuntos asedios del ministro fue revelada por el portal Metrópoles, que dijo que los casos ocurrieron el año pasado, aunque Me too Brasil no especificó nombres ni la cantidad de denunciantes ni el tipo de asedio ni el momento en que sucedieron, informaciones que "son sigilosas", según dijo a EFE la ONG.
En el comunicado, la organización dijo que las víctimas autorizaron a divulgar lo ocurrido a la prensa por las "dificultades" que tuvieron "para obtener apoyo institucional", algo que, según la ONG, "suele ocurrir en casos que involucran a "agresores en posiciones de poder".
Las denuncias fueron "repudiadas con vehemencia" por el ministro Almeida, quien, en una nota enviada a EFE por su asesoría de prensa, señaló que "percibe" que se trata de "conclusiones absurdas" con el único objetivo de perjudicarlo.
El jefe de la cartera de Derechos Humanos enfatizó que todas las denuncias "deben ser investigadas con todo el rigor de la ley, pero para ello, es necesario que los hechos queden expuestos para ser investigados y tramitados y no apenas basados en mentiras, sin pruebas".
Luego de que el tema saltara a la luz pública, Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años, solicitó formalmente a la Fiscalía General, a la Contraloría y a la Comisión Ética Pública investigar los episodios de los que le acusan.
Una de las víctimas sería otra ministra del gobierno de Lula, según el portal Metrópoles.
Con información de EFE y AFP
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