Si todo en tu vida está en línea, las clases, las videollamadas con tu pareja, el pago de tu beca o tu emprendimiento por Tik Tok, ¿Por qué la justicia sigue fuera de cobertura?
En un país donde la confianza en el sistema judicial ha sido erosionada por prácticas opacas y escándalos de corrupción, hablar de jueces virtuales no es ciencia ficción ni amenaza, sino una oportunidad para construir una justicia más objetiva, accesible y eficiente. La inteligencia artificial, usada correctamente, no reemplaza la razón humana; la potencia, Permite filtrar causas, detectar patrones de discriminación o demora y transparentar decisiones que hoy siguen atrapadas en la discrecionalidad.
Estonia, pionera en la digitalización de su gobierno, ha comenzado a implementar sistemas de IA para resolver litigios menores de forma automática, como parte de su estrategia de justicia digital (The Economist, 2019; e-Estonia, 2023). Singapur y Reino Unido también exploran el uso de algoritmos supervisados para apoyar a jueces humanos, no para sustituirlos, sino para liberar sus tiempos y reducir el rezago judicial (Susskind, 2020)
El juez virtual es una aplicación de inteligencia artificial jurídica, entrenada para resolver casos repetitivos, de baja complejidad o de alto volumen, a través de algoritmos basados en normativa legal y precedentes judiciales, Su implementación permite descongestionar tribunales, reducir discrecionalidades indebidas y estandarizar decisiones, especialmente en áreas como deudas civiles, infracciones administrativas, conflictos de consumo o faltas menores (Lodder y Zelezznikow, 2012)
Diversos informes de organismos internacionales y nacionales han alertado sobre la crisis estructural de la justicia boliviana; caracterizada por serias alertas sobre prácticas que debilitan la independencia judicial, mora procesal crónica, revictimización y una preocupante falta de independencia judicial (CIDH,2022). Paralelamente, una nueva generación altamente digitalizada, que accede a noticias e información a través de redes sociales más que por medios tradicionales, observa con escepticismo un sistema que percibe como anacrónico (AGETIC,2019).
El juez virtual representa una oportunidad concreta para reconstruir la confianza ciudadana en la justicia, a través de módulos de resolución automatizada de trámites administrativos y conflictos menores, especialmente en zonas alejadas donde el acceso al sistema judicial tradicional es limitado. Para que su implementación sea legitima y garantice derechos, la incorporación de inteligencia artificial en funciones judiciales debe respetar principios fundamentales como la transparencia, la auditabilidad, la no discriminación y el derecho a una revisión humana de las decisiones automatizadas. En esta línea, el Consejo de Europa, a través de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), ha establecido una Carta Ética que define cinco principios para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito judicial; respeto a los derechos fundamentales, no discriminación, calidad y seguridad, transparencia y control humano. Bolivia podría adoptar esta guía como un referente técnico y normativo para avanzar hacia una justicia digital confiable y ética (Consejo de Europa, 2018)
La digitalización judicial no es un lujo, sino una garantía de acceso efectivo a la justicia, así lo reconocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS16), que promueven sociedades pacificas e inclusivas, el acceso igualitario a la justicia y la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Aunque el ODS 16 no menciona directamente la tecnología, su implementación se ha interpretado como una vía para fortalecer estos objetivos, siempre que se haga con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad (Naciones Unidas,2015)
El juez virtual representa una herramienta innovadora que, sin sustituir al juez humano, puede fortalecer la institucionalidad judicial mediante decisiones trazables, transparentes y basadas en criterios jurídicos objetivos (Cobbe, Lee y Singh, 2021) al operar conforme a parámetros técnicos verificables, esta tecnología contribuye a minimizar los márgenes de discrecionalidad indebida y a reforzar la confianza ciudadana en la imparcialidad de las decisiones (Jiang y Yang, 2024). Lejos de suprimir la dimensión humana de la justicia, el juez virtual podría complementarla, promoviendo estándares de rendición de cuentas, auditabilidad y control público (Shastri et al., 2024). Siempre que se implemente con principios éticos sólidos y adecuados marcos legales, esta innovación pueda se aliada estratégica para avanzar hacia un sistema más equitativo, accesible y confiable (Abiri,2024)
Bolivia tiene la posibilidad histórica de posicionarse como un referente en el Sur Global mediante una reforma judicial que integre el potencial transformador de la tecnología con un profundo compromiso ético y democrático. Avanzar hacia un modelo hibrido, que combine herramientas digitales con la experiencia del juzgador humano, descentralizado, accesible y orientado al servicio de la ciudadanía, no es simplemente una modernización operativa, sino una apuesta por la legitimidad y la igualdad ante la Ley. Una justicia fortalecida por medios tecnológicos puede contribuir a reducir brechas de acceso, limitar practicas discrecionales y reafirmar el principio fundamental de que el los derechos deben prevalecer sobre las influencias o los privilegios personales.
La justicia del siglo XXI no se fundamenta en la sustitución de las personas por máquinas, sino en la incorporación de tecnologías que refuercen los principios fundamentales del derecho. En contexto donde la confianza en las instituciones se ha visto afectada por desafíos persistentes, la implementación de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial puede representar una oportunidad para fortalecer la transparencia y la eficiencia. La adopción de sistemas como el “juez virtual” no es una mera especulación futurista, sino una consideración contemporánea orientada a consolidar la democracia y mejorar el acceso a la justicia.
Dotar a Bolivia de una justicia digital no solo es innovar, es reparar. Es acercar el derecho a quienes nunca han tenido abogado, Es garantizar que ningún joven tenga que entender el lenguaje de los sellos para ejercer sus derechos.
Y si el futuro ya está en sus manos, que la justicia también lo esté en sus pantallas, porque una justicia que no se digitaliza, se distancia, y un país que no escucha a su juventud, se condena a repetir sus errores.
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