La recurrente controversia en torno al aumento salarial ha vuelto a colocar en la agenda pública las graves falencias del marco laboral boliviano, que ya no responde a las condiciones socioeconómicas actuales y, por el contrario, se ha convertido en un mecanismo que desincentiva la creación de empleo digno, la inversión productiva y la formalización.
En Bolivia, además de los 10 artículos de la Constitución Política, existen más de 2.000 disposiciones entre leyes, decretos, reglamentos, sentencias, resoluciones y otros instrumentos normativos vinculados al trabajo. La más relevante es la Ley General del Trabajo, vigente desde 1942, concebida en un contexto de industrialización incipiente y de relaciones laborales clásicas, y que presenta múltiples vacíos y contradicciones frente a la dinámica socioeconómica contemporánea. Además de esta norma, se aplica el Estatuto del Funcionario Público, que incluye elementos discordantes con los principios y garantías reconocidos al resto de los trabajadores; y el Código Procesal del Trabajo, que establece un procedimiento paralelo al sistema judicial ordinario para tratar las infracciones laborales.
Este entramado jurídico ha generado un sistema confuso, fragmentado, incoherente e inequitativo que, en lugar de garantizar los derechos de los trabajadores y fomentar un mercado laboral inclusivo, moderno y justo, ha contribuido a su precarización, abriendo espacios a la discriminación, al abuso sindical y la desigualdad, afectando seriamente la generación y sostenibilidad de empleos formales.
Actualmente, de una Población Económicamente Activa de 5,2 millones de personas, 4,2 millones trabaja en condiciones de informalidad y, por tanto, fuera del alcance de las normas laborales. Este despropósito responde tanto a un entorno que reprime al sector productivo como a la persistencia de políticas laborales centradas en el endurecimiento de las reglas sobre contratación y desvinculación laboral, y el incremento desproporcionado de los costos salariales y no salariales, desvinculados de la productividad.
El modelo actual está desconectado de los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos del siglo XXI y mantiene la visión tradicional de una relación laboral basada en un contrato formal entre empleador y trabajador, bajo la tutela del Estado, sin considerar que ese vínculo ha sido progresivamente transformado por nuevas formas de contratación impulsadas por la tecnología, como la terciarización, el trabajo freelance, el coworking remoto o las microempresas por aplicación.
Sin embargo, el mayor perjuicio al ámbito laboral ha sido la precarización del sector privado, que en economías abiertas y competitivas es el principal generador de empleo formal. La seguridad jurídica para los empresarios es fundamental para atraer inversión, fomentar la innovación y multiplicar oportunidades laborales. Un marco normativo claro y acorde a las nuevas realidades podría reducir la incertidumbre legal, facilitar contrataciones modernas y promover la formalización de vínculos laborales que de otro modo seguirían en la ilegalidad.
Por ello, uno de los grandes retos del proceso de transición que afrontaremos en 2026, es la modernización de la legislación laboral, implementando ajustes que no deben interpretarse como una amenaza, sino como una oportunidad para actualizar las reglas, proteger a los trabajadores en entornos emergentes y brindar seguridad a quienes generan empleo. Regular el siglo XXI con leyes del siglo XX es condenar a millones a la informalidad, y seguir creando leyes que solo busquen la sanción y la persecución a los empleadores formales, es mantener un modelo de relaciones basada en la desconfianza y la injusticia.
La nueva regulación debe buscar un equilibrio que resguarde los derechos laborales, pero también otorgue certeza a los empleadores de que, al cumplir con un marco legal justo y equitativo, contarán con respaldo institucional. Esto implica recuperar la libertad contractual entre empleadores y trabajadores; establecer una diferenciación clara entre contratos civiles o comerciales y los estrictamente laborales; respetar los mecanismos de negociación salarial entre partes; garantizar la universalidad en la aplicación de las normas y considerar la estabilidad empresarial y la productividad como ejes para asegurar la permanencia del empleo.
El proceso requiere un diálogo tripartito entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial. Solo así se podrá construir un marco normativo que promueva un desarrollo económico inclusivo, sostenible y justo, y forje un nuevo contrato social que incluya la diversidad laboral, reconozca el potencial de los emprendedores y convierta al empleo digno en la base real del desarrollo. Redefinir nuestras leyes del trabajo no es cuestión política, es un acto de justicia para quienes construyen progreso y bienestar para los bolivianos.
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