La libertad no siempre llega con pasaporte, a veces se viaja sin tierra, pero con derechos pendientes de reconocimiento.
En 2025, ya no debería sorprendernos que millones de jóvenes crucen continentes con una laptop y una conexión wifi como único equipaje. Los he visto, desde foros internacionales hasta redes profesionales, construyendo soluciones, enseñando, investigando, diseñando. Son ingenieros en Bangkok, diseñadoras en Lisboa, creadores de contenido en Medellín, investigadores freelance en Nairobi. Personas que trabajan en remoto, generan valor global, y sin embargo, viven sin un marco legal que los respalde (MBO Partners, 2023)
Esto no es nuevo, muchos tributaron durante años en su país de origen, contribuyeron a la seguridad social, a la salud pública, a los sistemas de pensiones. Pero al adoptar un modelo de movilidad digital, perdieron más de lo que imaginaban: el acceso a servicios médicos públicos, la posibilidad de jubilarse o incluso de ser protegidos en una emergencia legal (ISSA, 2021). En lo jurídico, se han vuelto invisibles.
Una objeción habitual es si regular a los nómadas digitales traiciona su esencia libre y global. La respuesta es clara: no se trata de vigilar al que se mueve, sino de proteger al que queda expuesto. Regular no es restringir, es reconocer. Y en este caso, se trata de garantizar derechos en movimiento, no de castigar la movilidad. La verdadera libertad no florece en el abandono legal, sino en la equidad transfronteriza. Como afirma la OIT (2021), los marcos legales del siglo XXI deben ser lo suficientemente flexibles como para asegurar protección sin impedir la innovación ni la circulación de talento.
La regulación debe ofrecer protección ante un vacío legal que precariza la vida de quienes trabajan en movimiento (ILO,2021). Esto implica garantizar la portabilidad de derechos sociales como salud, pensión, desempleo (ISSA, 2021), reconocer un estatus jurídico internacional para trabajadores remoto, asegurar el acceso global a servicios financieros como banca, seguros y contratos(UNCDF, 2021); y desarrollar marcos de identidad jurídica digital y protección de datos personales (Estonia, 2023).
Porque los derechos no pueden depender de un código postal. El artículo 9 del PIDESC garantiza la seguridad social; el 6, el derecho al trabajo libre y digno; el 12, el derecho a la salud; y el 2.2 prohíbe cualquier forma de discriminación. Todos ellos, sin excepción, deben aplicarse también a quienes trabajan cruzando fronteras físicas y digitales (Comité DESC, 2008).
Hay países que ya dieron el primer paso, en 2020, Estonia se convirtió en el primer país del mundo en crear una Visa para Nómadas Digitales, permitiendo a trabajadores remotos residir legalmente hasta por un año sin necesidad de estar vinculados a empleadores locales. Si bien esta visa no otorga acceso automático al sistema público de salud, los titulares pueden contratar seguros privados o aportar voluntariamente para obtener cobertura nacional. El programa reconoce a los nómadas digitales como trabajadores legítimos, productivos y con estatus jurídico claro. Además, Estonia complementa esta política con su innovador programa de e-Residency, que permite a ciudadanos extranjeros gestionar empresas, firmar contratos y operar cuentas bancarias desde cualquier parte del mundo.
Mas allá de los casos de avance como Estonia, queda pendiente un aspecto aún más sensible, la muerte de un nómada digital expone uno de los vacíos más delicados del derecho internacional: la falta de protocolos post mortem para quienes viven en movimiento. Sin seguro activo, la identificación, repatriación o simple notificación a sus familiares puede ser inviable (CICR, 2021). A eso se suma el limbo de sus bienes digitales, criptomonedas, ingresos virtuales, identidades online, que suelen quedar inaccesibles por falta de regulación sucesoria. Proteger también la muerte en tránsito es parte del compromiso con la vida en libertad. El derecho debe aprender a seguir viajando.
No se trata de vigilar a quienes cruzan fronteras con sus ideas, sino de no dejar atrás su dignidad en el trayecto. En un mundo donde trabajar ya no exige estar anclado a un territorio, la movilidad dejó de ser excepción: es la nueva forma de pertenecer. Y, sin embargo, millones de personas productivas, creativas, conectadas, siguen moviéndose sin una red básica de derechos. Reconocer a los nómadas digitales no es un favor. Es un acto de coherencia jurídica y humanidad contemporánea. No se trata de trazar límites, sino de garantizar que su libertad no los ubique fuera de la ley. Lo mínimo que merece quien aporta desde cualquier latitud es acceso a salud, seguridad, identidad y justicia. Defenderlos es entender que donde viaja el trabajo, deben viajar también los derechos. Y tal vez, sin darte cuenta, tú ya empezaste a ser parte.
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